XALAPA, Ver. (apro).- Rubén Pérez Andrade, octavo policía estatal involucrado en la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, fue detenido en días pasados y con ello se ha fortalecido la línea de investigación que apunta a que los cuerpos de seguridad reciben órdenes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En cumplimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos estatal y federal, este lunes se reunieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; el comisionado federal de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, y la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora González, con familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Ahí se reveló a los familiares los avances de las investigaciones ministeriales coordinadas entre la Federación y la Fiscalía General del estado y que dieron como resultado la consignación ante el juez de primera instancia de un octavo policía estatal de esa región, por el delito de desaparición forzada. “Entendemos que el octavo policía detenido era la mano derecha de Marcos Conde (el delegado estatal de la SSP en Tierra Blanca). Pérez Andrade funge como escolta personal de Conde, él ya relata todo el suceso, admite que es copartícipe, él señala a los demás policías”, expresó vía telefónica Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos y cuyos restos presuntamente fueron encontrados en el rancho El Limón en el municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados más restos que continúan sin identificar. “Hay más restos, en ocho o diez días van a tener más datos, más resultados. En la reunión autoridades federales nos insisten que llegarán hasta las últimas consecuencias, tope a donde tope y caiga quien caiga, han sido contundentes, ahora tenemos que esperar”, expresó Benítez. Detalló que los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos ya cumplieron 50 días en el campamento que montaron en la Fiscalía Regional de Justicia en Tierra Blanca, lugar del que no se moverán hasta que caigan los autores materiales e intelectuales de esta desaparición forzada que acaparó el interés de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, hizo patente a los familiares de los agraviados los tres derechos básicos que la ley les otorga, como son el derecho a saber y conocer de los avances por sus familiares siniestrados; así como a la justicia y a la reparación del daño. “El compromiso común de las autoridades es que la búsqueda de las víctimas continuará de manera permanente hasta lograr su localización para lo que se emplean todos los recursos necesarios para agotar las líneas de investigación y se analizan todos los indicios”, explicó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.