CUERNAVACA, Mor. (apro).- El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, exoneró al gobernador Graco Ramírez del presunto desvío de recursos por un crédito de 2 mil 806 millones de pesos, y con ello abrió la puerta para que la Junta Política y de Gobierno del Congreso local deseche la solicitud de juicio político que inició la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos en contra del Ejecutivo estatal. Pese a que desde la Comisión de Hacienda del Congreso se pretendió mantener oculto el informe de resultados de la auditoría especial, entregado a los legisladores desde el jueves 18 de febrero, una filtración de su parte resolutiva confirmó que Loredo Méndez desechó y eliminó del expediente una lista importante de observaciones resarcitorias que habían sido documentadas previamente por su antecesor, Luis Manuel González Velázquez. A cambio Loredo Méndez, quien fuera impulsado para ocupar el cargo, hace un año, de auditor general por la entonces coordinadora parlamentaria del PRD, Lucía Meza Guzmán, hoy diputada federal, determinó que “el Poder Ejecutivo de Morelos cumplió con las disposiciones normativas generales aplicables, y se determina que presenta de manera razonable la situación financiera, programática y presupuestal del crédito”, con lo que exoneró de cualquier señalamiento por el desvío o el mal uso de los recursos al gobernador. Como parte del informe de resultados, el auditor general detalló que luego de que la Secretaría de Hacienda estatal presentara en noviembre pasado un recurso de reconsideración, modificó y en su caso revocó la mayoría de las observaciones resarcitorias documentadas previamente, por lo que casi todo el expediente volcó únicamente hacia el tema administrativo, motivo por el que “se iniciarán procesos de responsabilidades” contra funcionarios de nivel medio, ninguno contra secretarios de despacho o contra el mandatario de origen tabasqueño. Loredo Méndez eliminó del informe de resultados las observaciones que el auditor anterior documentó sobre el pago irregular de obras y acciones de años anteriores entre 2008 y 2012, además de obras y acciones que ya habían sido “devengadas, ejecutadas y pagadas antes del 10 de octubre de 2013, fecha de publicación de la autorización del Congreso al Ejecutivo para la contratación del crédito”. En el informe final ya no aparecieron tampoco las pruebas del presunto pago de “eventos culturales, económicos y turísticos, entre otros, cubiertos de manera improcedente con recursos de los créditos contratados”, aun cuando la Ley de Deuda Pública del Estado advierte que los dineros provenientes de financiamientos, no pueden ser utilizados para el pago de rubros contenidos en el gasto corriente. El auditor también deslindó a la administración estatal de los pagos de la nómina del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) que se hicieron con recursos del crédito, e incluso pasó por alto la determinación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que sí detectó irregularidades en el uso del empréstito para la construcción del estadio “Agustín Coruco Díaz”. Con esta resolución, Loredo Méndez facilitó a los coordinadores parlamentarios que integran la Junta Política y de Gobierno el argumento necesario para el rechazo de la solicitud de juicio político que la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos presentó contra Graco Ramírez, ya que la acusación principal gira en torno del desvío de recursos del millonario crédito. La auditoría El crédito por 2 mil 806 millones de pesos fue aprobado a Graco Ramírez en 2013 por la anterior Legislatura. En 2014, ese mismo poder ordenó a la entonces ASF, a cargo del priista Luis Manuel González Velázquez, que practicara una auditoría a su ejercicio. La revisión se llevó a cabo, y Apro tuvo acceso, a mediados de 2015, a un pliego preliminar de observaciones en el que se destaca que existían irregularidades por más de 800 millones de pesos por el pago de obras de la anterior administración, así como el pago de gasto corriente a trabajadores de la educación, e irregularidades en la construcción del estadio “Agustín Coruco Díaz”. En el último periodo de sesiones de esa Legislatura, que concluyó el 31 de agosto pasado, se realizó una reforma constitucional y se desapareció la ASF. En su lugar se creó la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a cargo del perredista Vicente Loredo Méndez, quien “retomó” la auditoría al crédito otorgado a Graco. Desde el 18 de febrero se entregaron los resultados finales a la actual Legislatura, cuyos integrantes se han negado a proporcionar copia a los medios de comunicación, con el argumento de que primero deben ser analizados por la Comisión de Hacienda, que preside el panista Alberto Mojica. No obstante, fuentes del Congreso confirmaron a este medio que en las conclusiones se da cuenta de irregularidades en el manejo de los recursos, pero que se exonera de todo ello al mandatario y las sanciones solamente alcanzarán a mandos medios de algunas de las secretarías del estado. Ello, a pesar de que hace unos meses, en comparecencia ante el Congreso, la propia secretaria de Hacienda estatal, Adriana Flores Garza, admitiera del mal uso de los recursos del crédito.