CUERNAVACA, Mor. (apro).- Grupos políticos y los tres poderes de gobierno se disputan el control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDHM), de cara al proceso de elección del próximo titular, a la salida el 22 de marzo de Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, designación que está en manos del Legislativo y que podría ocurrir en las próximas horas. Lo anterior, si se logran los consensos, pues los grupos políticos pugnan y pujan porque sea su candidato el que al final quede al frente del ombudsman estatal. Todo ello, en la recta final del proceso al que se han sometido los 42 aspirantes, 24 hombres y 18 mujeres, quienes además de entregar currículum y documentos hicieron pasarela frente a los legisladores, y ahora están a la espera de que se reúnan los votos necesarios a su favor. Sin embargo, todo parece indicar que en la final se encuentran sólo dos de ellos: por un lado, la cuñada de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno y coordinadora del PRD en el Legislativo Hortencia Figueroa Peralta, la extitular del jurídico del órgano electoral local, Clara Elizabeth Soto Castor. Además, el compañero sentimental de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Nadia Luz María Lara Chávez, el abogado Jorge Arturo Olivares Brito. Clara Elizabeth es hermana de Roberto Soto Castor, esposo de la también exalcaldesa de Jojutla Hortencia Figueroa Peralta, quien ha servido a los intereses del gobernador Graco Ramírez y se ha lanzado contra los adversarios de éste. En enero pasado, la diputada perredista insinuó que el senador Fidel Demédicis Hidalgo, también del PRD, estaría beneficiándose del asesinato de la alcaldesa Gisela Mota Ocampo. También a principios de febrero pasado la legisladora arremetió contra el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, por su llamado a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana y a un Constituyente ciudadano y popular. “Renuncie si quiere hacer activismo”, espetó Figueroa Peralta al funcionario universiario. En tanto, Roberto Soto, es parte del gabinete de Graco Ramírez, pues bajo las instrucciones del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, se desempeña como secretario ejecutivo de enlace para asuntos de justicia penal, sin embargo, en los hechos funge como asesor de su esposa en el Congreso local, desde donde opera para detener toda iniciativa o propuesta contra el gobernador. Clara Elizabeth Soto Castor, además, es esposa de Hertino Avilés Albabera, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Morelos, académico y uno de los integrantes de la terna de la que será elegido el próximo director de la Facultad de Derecho de la UAEM. El candidato del TSJ y del PRI El otro candidato finalista, Jorge Arturo Olivares Brito, también es catedrático de la Facultad de Derecho de la UAEM y está vinculado al grupo político del exgobernador interino Jorge Arturo García Rubí, quien ha sido director de esa unidad académica, además de presidente del TSJ, hace ya algunas décadas. Ligado al PRI, García Rubí ha mantenido una presencia fuerte en la máxima casa de estudios. Ha sido dos veces candidato a la rectoría, y actualmente ocupa la Procuraduría de Derechos Académicos, una especie de ombudsman de los estudiantes. El subprocurador, de hecho, es Raúl Alberto Olivares Brito, hermano del aspirante a titular de la CEDH. Desde el principio de la contienda, cuando salió la convocatoria el 26 de enero, se esperaba que los partidos políticos disputaran por hacerse de la Comisión, uno de los pocos espacios que había estado vedado a la intromisión partidista. Por ello, el PRI ha hecho todos los esfuerzos por conseguir los consensos de otros partidos políticos para lograr imponer al nuevo ombudsman. Olivares Brito tiene un expediente limpio, hasta donde se conoce. Sin embargo, organizaciones de abogados critican su cercanía con la titular del TSJ, Lara Chávez, quien ha recorrida toda la carrera judicial, desde secretaria de acuerdos, pasando por juez y luego magistrada. Sus ligas políticas son más bien con el PRI y ha sido muy cercana a Graco Ramírez, de quien ha logrado apoyos económicos para el Poder Judicial. La posibilidad de que quien ocupe la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea un personaje cercano a Graco o a su grupo político, ha hecho que los diputados cierren filas contra Clara Elizabeth Soto Castor, lo que ha complicado a Figueroa Peralta la posibilidad de imponerla. El PRI va juntando de a poco los 20 votos que exige la mayoría calificada para lograr el nombramiento de Olivares Brito. Los otros candidatos El resto de los candidatos, aunque no cuentan con los apoyos suficientes para lograr el cargo, tampoco se pueden descartar. La lista la integran especialistas, académicos y personajes que lo mismo han buscado ser ombudsman que consejeros de transparencia y otros cargos. Entre ellos resalta María Guadalupe Ampudia González, quien se presenta como maestra en filosofía antropológica por la Universidad La Salle, así como especialista en tanatología y logoterapia. Según diversos medios, es o ha sido compañera sentimental del senador panista Javier Lozano Alarcón, personaje defensor de los intereses de Televisa y actual presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y exsecretario del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Felipe Calderón. Ampudia González se presenta como activista defensora de la niñez, y sorprendió a propios y extraños en la búsqueda de la CEDH. En una conferencia de prensa hace poco, la aspirante señaló que el organismo es de los peores del país, ya que cuenta con el presupuesto más bajo de todos los estados, además de que no se han realizado las gestiones necesarias para acceder a recursos federales y de esa manera mejorar su operatividad. En la lista también aparece la exactivista y exdefensora de los derechos de las mujeres, Nadxelli Carranco Lechuga, quien trabaja en el gobierno de Graco Ramírez desde el 2012. Su última actividad es la coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Morelos. Organizaciones de mujeres han criticado a Nad, como le conocen, por su “transformación”, pues pasó en unos meses de ser férrea crítica del gobierno en turno, a defensora de la actual administración, aunque persisten la violencia y sobre todo el aumento de los feminicidios. Dos nombres aparecen en la lista de los 42 aspirantes, quienes además de experiencia cuentan con la simpatía de algunas organizaciones por su labor, ya que son parte de la Comisión de Derechos Humanos. Se trata de Fabiola Colín Bolaños, quien actualmente es la secretaria general del organismo, y el visitador Osmany Licona Quintero. Los otros aspirantes a la presidencia de la CDHEM son un rosario de nombres vinculados a partidos políticos, a organizaciones civiles o, de plano, quienes se han presentado como aspirantes a esta Comisión y otros organismos constitucionalmente autónomos. Entre ellos destacan personajes ligados a partidos políticos, como Eleael Acevedo Velázquez, cercano al PAN y quien ha sido miembro del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y uno de los últimos consejeros del extinto Instituto Estatal Electoral, antecesor del Impepac nacido de la última reforma electoral. Lo mismo ocurre con Kenia Lugo Delgado, quien fuera diputada local por el Movimiento Ciudadano y luego titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en la administración de Marco Antonio Adame Castillo. Está también el dirigente del Consejo de ONG de Morelos, Ángel René Abrego Escobedo. También resalta la abogada Patricia Bedolla Zamora, impulsora de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual; la doctora Lilia Fernández García, exfuncionaria del sistema penitenciario; el abogado Juan Juárez Rivas, crítico acérrimo de prácticamente todos los gobiernos; la extitular de Reinserción Social en el gobierno de Marco Adame, Sara Olivia Parra Téllez; la exconsejera del IMIPE, Esmirna Salinas Muñoz; el exdiputado local panista Jesús Antonio Tallabs Ortega, así como el actual director de la Facultad de Derecho, Raúl Vergara Mireles. Los cabildeos de interesados en la CEDH se incrementan en el Legislativo y es posible que este jueves 17 se dé la elección del próximo o próxima presidente de un organismo que hasta ahora ha sido dirigido por académicos o especialistas en derechos humanos, a salvo de los intereses partidistas.