Documentan en Guerrero 134 casos de desaparición forzada en 24 años

miércoles, 2 de marzo de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Autoridades locales y organismos de defensa de los derechos humanos registraron en la entidad 134 casos de desaparición forzada de personas y 54 denuncias por tortura en los últimos 24 años. Sin embargo, ninguna autoridad “ha sido responsabilizada ni ha rendido cuentas”, y tampoco se han emitido órdenes de aprehensión por estos delitos, precisa el documento denominado Plan Estatal de Desarrollo (PED) dado a conocer por el gobernador Héctor Astudillo Flores. El texto también califica de “fallido” el proceso de reinserción social y advierte que existe una sobrepoblación de más de 54% en las 15 cárceles de la entidad. Frente a estos crímenes que involucran directamente a autoridades de los tres niveles de gobierno, el gobierno de Astudillo indica que desde el funesto periodo conocido como “guerra sucia” se han documentado “casos conocidos” de desaparición forzada. Y también hace referencia a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalando que este hecho exhibió el nivel de “violencia arraigada” en la entidad. “La falta de una reacción creíble y eficiente por parte del gobierno estatal levantó incluso preocupaciones sobre su estabilidad futura”, precisa el documento, y muestra las cifras oficiales que reflejan el nivel de impunidad que se vive en la entidad. Detalla que la Comisión de Derechos Humanos en la entidad (Coddehum) documentó 90 casos de desaparición forzada de personas entre 1990 y 2014, dos tercios de los casos se registraron después de 2006, mientras que de manera paralela la Fiscalía General del estado (FGE) investigó 44 casos de desaparición de personas. A pesar de ello, el documento oficial señala, sin explicar los motivos, que a la fecha no se ha emitido orden de aprehensión alguna por los delitos de desaparición forzada que las autoridades han documentado en dos décadas. También informa que de 1994 a 2014 la Coddehum registró 54 casos de tortura y que la FGE integró seis averiguaciones previas por este delito de 2006 a 2014. Y al igual que en el caso de desaparición forzada, sostiene que ninguna autoridad “ha sido responsabilizada ni ha rendido cuentas” por el delito de tortura. Sistema penitenciario fallido Sobre el sistema carcelario en la entidad, indica que la capacidad de los 15 penales existentes es de tres mil 678 internos. Sin embargo, a principios de 2015 sumaban cinco mil 687 presos, cifra que representa una sobrepoblación de 54.6 %. Al respecto, el PED considera que la suma de los factores de sobrepoblación, la peligrosidad de los internos y el escaso presupuesto para la alimentación representan “riesgos importantes” y “condenan al fracaso” el propósito de readaptación social. También afirma que los procesos de reinserción social de los internos “son fallidos” por falta de programas adecuados de educación, así como trabajo social y comunitario. Y advierte que 60 % de los internos en Guerrero están en condición de prisión preventiva, “reflejo de la falta de acceso a una defensa adecuada”.

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