MONTERREY, NL (apro).- El gobierno de Nuevo León dio a conocer que inició una investigación para saber cuántos trabajadores mexicanos y extranjeros ha contratado la empresa de automotores surcoreana KIA para abrir su nueva planta en la entidad, y advirtió que si encuentra anomalías en esos procedimientos le retirará los incentivos previamente otorgados. En un comunicado difundido este miércoles, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) informó que solicitará a la firma instalada en el municipio rural de Pesquería, 30 kilómetros al norte de esta capital, que le notifique el número de nacionales que empleará, con su respectiva documentación, “para verificar el apego a la ley”. “La Sedec aboga porque en Nuevo León la mayoría de los empleos que generen las empresas extranjeras sean para ciudadanos mexicanos, de acuerdo con lo que establecen las leyes laborales de nuestro país”, precisó la dependencia, pero no especificó si existe una cuota mínima de empleados nacidos en el país. El interés de la dependencia es que los documentos que han sido firmados entre las partes cumplan a cabalidad con requisitos legales, añadió. “De encontrarse anomalías laborales, la Sedec las turnará a las autoridades correspondientes, y además sería causal suficiente para la suspensión de todos los incentivos otorgados. La Sedec, además de cumplir con su mandato de promoción a la inversión, vigila que el marco legal y regulatorio sea observado por todos los actores económicos, entre otros KIA”, subrayó. En el mismo boletín, la dependencia que dirige Fernando Turner mencionó que desde el inicio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, en octubre del año pasado, se abrió una investigación para determinar la legalidad de los incentivos que entregó a KIA el anterior gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz. En la revisión de los expedientes se han encontrado hasta ahora 33 irregularidades legales en el contrato, documentación que fue entregada, traducida y certificada el 9 de enero por la Contraloría estatal. Posteriormente se turnó el caso a la Fiscalía Anticorrupción para que efectuara las investigaciones correspondientes y fincara responsabilidades entre funcionarios del sexenio pasado, en caso de que lo ameritara. “Con esto la Sedec da cumplimiento al ofrecimiento del gobernador de Nuevo León de indagar cualquier posible acto de corrupción o negligencia en cualquier acción donde se utilizó financiamiento público”, puntualizó en el boletín. El contrato entre KIA y el gobierno de Nuevo León ha estado en medio de la controversia debido a su opacidad, y porque al ser revisado mostró diversas irregularidades, principalmente en los incentivos ventajosos que entregó Medina de la Cruz a los empresarios asiáticos. Rodríguez Calderón descubrió que su antecesor había proporcionado a KIA estímulos por una cantidad que alcanzaba los 8 mil 2985 millones de pesos, que consideró desproporcionada. También reveló un posible tráfico de influencias del priista, quien de acuerdo con acusaciones públicas habría vendido, a través de intermediarios, un terreno con un costo de 840 millones de pesos y sobre el cual se instaló la nave donde se proyecta producir 300 mil coches al año. Se espera que la fábrica inicie su producción antes de que termine el primer semestre de 2016.