SHCP echa abajo programa de autos ‘chocolate’ del gobierno de Chihuahua

viernes, 25 de marzo de 2016
CHIHUAHUA, Chi. (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), echó abajo un programa de engomado de vehículos de procedencia extranjera sin placas, debido a que contraviene los acuerdos y normas establecidas. La dependencia federal advirtió que si se entregan documentos que permitan la circulación de unidades sin que haya sido acreditada la legal estancia o tenencia en territorio nacional en régimen de importación definitiva, no tiene validez y daría lugar a sanciones. Hace unos días, la Secretaría de Hacienda estatal anunció que iniciaría un programa estatal para censar los vehículos extranjeros que circulen sin placas en la entidad, del 1 de abril al 30 de junio, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de este mismo año. La justificación fue que tenían facultades para hacerlo porque sólo era con fines de seguridad porque desde que realizan ese programa, a partir de 2014, lograron disminuir hasta un 90% delitos de alto impacto cometidos en vehículos sin placas, por lo que no requerían de la autorización federal. En el área de comunicación social explicaron que al gobierno federal le corresponde controlar el flujo e ingreso de ese tipo de vehículos, pero el gobierno estatal sólo lanzó el programa de censo vehicular para todos los automóviles ligeros y pesados, de todo tipo, incluidos los modelos coreanos, brasileños, salvage y diésel. El coordinador de Recaudación de Rentas, Cruz Prieto Renova, reiteró cuando se anunció el programa, que el fin del censo es para prevenir delitos y estimaban entregar más de ocho mil engomados de vehículos que ya habían censado porque ya venció su vigencia, más los de reciente ingreso. El costo del engomado sería de mil 900 para vehículos ligeros y dos mil 500 para pesados y solo podrán adquirir el engomado, los modelos 2009 y anteriores. El trámite incluiría dos cédulas de identidad, vehículos y tarjeta de documento de propietario del vehículo, que es como la tarjeta de circulación. Los requisitos para adquirir el engomado eran el título, acta notariada, juicio de jurisdicción voluntaria, licencia vigente expedida en el estado de Chihuahua, identificación oficial y comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad. El pasado 18 de marzo, las asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), cuestionaron el programa impulsado por el gobierno de Chihuahua, porque es una manera de premiar la ilegalidad. "El gobierno del estado de Chihuahua brindará placas de plástico y engomados a los vehículos usados internados ilegalmente mejor conocidos como ‘chuecos’ o ‘chocolate’ que circulan por esta entidad de manera irregular. Con ello estarán violando leyes aduaneras y otras disposiciones oficiales en materia de control vehicular y de comercio exterior, por lo que AMDA y AMIA rechazan completamente esta medida y demandan que el gobierno de Chihuahua cumpla con los compromisos que firmó en 2012 con el gobierno federal para acabar con este problema y no alentarlo”, señalaron en rueda de prensa en la Ciudad de México. El programa, detallaron, no sólo contempla formalizar los vehículos ligeros sino también las unidades pesadas, porque amplió el problema de la importación de automotores usados. “Incluso, parece que el gobierno de Chihuahua incrementará el problema, pues las placas de plástico (ilegales) y su respectivo engomado tendrán una vigencia de apenas nueves meses, pudiéndose renovar las veces que el propietario de la unidad ilegal deseé por tiempo indeterminado”, afirmaron. Programa electorero Eduardo Solís, presidente de la AMIA, también advirtió que el programa lo impulsaron precisamente en proceso electoral para renovar la gubernatura del estado, el congreso local y los 67 ayuntamientos, “de nueva cuenta se privilegia la rentabilidad política en contra del orden jurídico, la seguridad pública y el control de emisiones contaminantes”, acusó. La justificación del gobernador César Duarte, abundaron, es identificar a los propietarios de vehículos ilegales para prevenir la comisión de delitos pero es insostenible ante la evidente negligencia de las autoridades locales, estado y municipios, para impedir la comercialización de vehículos chuecos. El director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales, recordó que la implementación del programa para que el gobierno chihuahuense garantice contribuciones en la importación definitiva de vehículos automotores usados que circulan en dicha entidad concluyó en 2013 y el gobernador del estado no ha cumplido el compromiso para aplicar las medidas necesarias y acabar con la circulación ilegal de este tipo de unidades, estipuladas en el ejercicio del Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF). “Durante la firma de tal programa con autoridades federales en octubre del 2012, César Duarte se comprometió a generar las estrategias para terminar con este fenómeno, afirmando en aquel momento que 'todos los automóviles que circulen por nuestro estado deben cumplir con los requisitos tanto de seguridad como de cuidado al ambiente'”, precisaron en la rueda de prensa. Los empresarios solicitaron al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso y al jefe del SAT Aristóteles Núñez la intervención del gobierno federal para frenar la regulación ilegal que pretendían realizar. El jueves pasado el SAT emitió un comunicado en el que señaló que cualquier programa que realicen las entidades federativas con el fin de empadronar o emplacar vehículos que ingresen al país de manera ilegal, contravienen los acuerdos y normas establecidas. “En reunión sostenida entre funcionarios de la SHCP y el titular de la secretaría de Hacienda del estado, el pasado 23 de marzo, se aclaró que no habrá programa de emplacado, enmicado o registro vehicular a autos que no acrediten su estancia o internación legal en el país”, informa el comunicado. El SAT recordó los requisitos y condiciones para los autos usados que pueden importarse al interior del país, sólo cuando sean fabricados en Estados Unidos o Canadá. Cuando se trate de vehículos fabricados en otros países distintos a Norteamérica, requieren un permiso de la Secretaría de Economía, pagar un arancel del 50% del valor de venta, más el impuesto al valor agregado correspondiente. “Únicamente un agente aduanal puede realizar las gestiones ante la autoridad aduanera y el trámite para la importación definitiva de vehículos, por lo que se recomienda a los consumidores no dejarse engañar por personas que ofrecen regularizar vehículos previo pago”, precisó.

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