TOLUCA, Edomex. (apro).- Ante la airada respuesta de la sociedad civil y de legisladores de oposición al considerarla represiva, el gobernador Eruviel Ávila esbozó hoy la posibilidad de “suavizar” la llamada “Ley Atenco”, recientemente aprobada por el Congreso local, con el voto mayoritario de su partido, el PRI. En declaraciones a la prensa, el mandatario ofreció modificar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México siempre y cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien solicitó que la revise, detecte que viola las garantías individuales de la población, como aseguran las organizaciones sociales que se oponen a su instrumentación. “Hoy, señor Joaquín Narro (secretario técnico en la CNDH), formalmente le solicito de manera verbal, y por la tarde lo haremos por escrito a los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo al presidente de la CNDH, para que nos haga favor de emitir alguna opinión del contenido de esta ley aprobada por los diputados”, dijo. Y si fuera el caso, ofreció, “hay la voluntad, así lo ha expresado el presidente de la Junta (de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense), para hacer los ajustes necesarios”. Bajo este escenario, indicó que las reformas podrán concretarse en un plazo de 90 días establecidos para que el Ejecutivo estatal emita el reglamento correspondiente y el nuevo ordenamiento entre en vigor. “Estamos en buen tiempo para que, de ser necesario, se lleve a cabo la precisión”, expuso, tras confiar, sin embargo, en que quienes no coinciden, una vez que revisen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para regular el uso de la fuerza pública, la jurisprudencia y tesis de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y tratados internacionales que se tomaron de base para proponer la Ley, “cambiarán su opinión”. “Es un documento garantista que impone candados y frenos a los abusos que pudieran cometer corporaciones policiacas, equilibra las garantías de protección de los derechos humanos de los ciudadanos y de los policías ante el eventual uso de la fuerza pública, promueve la profesionalización de los cuerpos policiacos en apego a códigos, protocolos y estándares internacionales. Además, afirmó, en caso de que se incurra en el uso ilegítimo de la fuerza pública se instituye la responsabilidad y reparación del daño; y establece que la Codhem vigile de oficio los derechos humanos de las personas. “Esta legislación es un mecanismo que permitirá hacer valer el estado de derecho, con la certeza de que los cuerpos policiacos no incurrirán en abusos; será una herramienta para que la ciudadanía observe su aplicación y el respeto a los derechos humanos… No vamos a permitir ningún abuso de la policía que afecte a la gente a la cual me debo, por la cual estoy en esta responsabilidad”, puntualizó. Estrategias previas La oferta de Ávila Villegas se realizó durante el informe de labores del comisionado estatal de los Derechos Humanos, Baruch Delgado. José Manzur, secretario general de Gobierno, confirmó que el día anterior ambos conversaron y el ombudsman se comprometió a estudiar la norma en las próximas horas para emitir una opinión. Manzur Quiroga expuso que también ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso mexiquense, Cruz Juvenal Roa, se dijo dispuesto a reformar el ordenamiento, en caso de considerarlo pertinente, pues “una ley siempre es perfectible”. -¿Con esta oferta pretenden calmar las aguas? -No hay que calmar nada, la ley está aprobada y hay que aplicarla en el momento que entre en vigor. La mayoría de los diputados la aprobó, pero el gobernador es sensible; si hay alguna duda, molestia por algún grupo de la población del Estado, hay que atenderla con gusto… si hay mejor idea de lo expresado en la ley, tengan por seguro que el gobierno será promotor de esa mejor idea. Desde su punto de vista, la nueva norma no contiene ningún elemento violatorio de los derechos humanos. En tal virtud, recomendó al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra estudiar con cuidado la Ley, “si tienen alguna preocupación, el secretario general de gobierno está abierto para escucharlos, pero me da la impresión que no la han leído”, dijo. También afirmó que el análisis del marco jurídico por parte de los diputados locales fue exhaustivo, pues realizaron ocho reuniones de trabajo antes de aprobarla. Aunque el plazo fatal para que el ordenamiento entre en vigor son 90 días, la Ley otorga 180 para capacitar a los policías, pero Manzur Quiroga responsabilizó a los diputados locales de acortar el plazo para ponerla en marcha. No obstante, comprometió que todos los policías estatales y municipales estarán capacitados a más tardar el 18 de mayo para determinar cuándo una protesta es “ilegal” y amerita el uso de la fuerza pública, para lo que se trabaja en el aleccionamiento de las corporaciones desde hace tiempo y a todo vapor. Dogmática jurídica Baruch Delgado adelantó que en 15 días la Codhem estará en posibilidad de informar sobre los hallazgos del análisis y, de detectarse violación a las garantías individuales, o se recurre a la acción de inconstitucionalidad o se solicita modificar el texto antes de que entre en vigor. Por ahora, dijo, que haya apertura de los Poderes encargados de la creación de leyes -el Ejecutivo y Legislativo- para revisarla “me deja tranquilo, porque el tema es delicado; hay que buscar que se salvaguarde la seguridad y los derechos humanos de la sociedad en general”. La revisión del organismo, explicó, consistirá en que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México sea congruente con los principios y declaraciones constitucionales y universales, y armónica con legislación que en la materia tienen países como España, Colombia, Perú y Argentina. “Todas las leyes gozan de una presunción de constitucionalidad, lo dice la dogmática jurídica, salvo que se demuestre lo contrario”, precisó. Resistencia Trece organizaciones sociales, lideradas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y asesoradas por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, anunciaron que han solicitado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promover acción de inconstitucionalidad contra la que solicitaron se denomine “Ley Eruviel”. También adelantaron la promoción de alrededor de 100 mil amparos, uno por cada integrante del frente El Fuego de la Digna Resistencia que integraron. Por separado, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC anunció la promoción de acción de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley Atenco que autoriza el uso de la fuerza pública en desalojos inmobiliarios.