CAMPECHE, Camp. (apro).- El contralor interno del ayuntamiento de El Carmen, José María Pérez Vega, presentó esta tarde en el Congreso local una demanda de juicio político en contra del exalcalde Enrique Iván González López, por un quebranto de casi 150 millones de pesos al erario. Asimismo, presentó otras 25 demandas en contra de exfuncionarios municipales por incumplir con sus respectivas declaraciones patrimoniales. El contralor recordó que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus recibió de su antecesor, el priista González López, la administración en bancarrota. Luego de realizar el trámite legal ante la Oficialía Mayor del Congreso estatal, Pérez Vega dijo que en el caso del exedil el paquete de pruebas documentales que sustentan las acusaciones consta de 900 fojas. Luego aclaró que éstas sólo corresponden a las auditorías externas e internas aplicadas exclusivamente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 en la ejecución de obra pública, manejo de fondos federales y estatales, así como recursos propios del ayuntamiento y otros obtenidos a través de financiamientos bancarios, cuyo monto asciende a 148 millones 451 mil 718 pesos. También señaló que en las revisiones se observaron violaciones sistemáticas a las leyes federales, estatales y municipales que provocaron un quebranto al patrimonio municipal y comentó que entre otras irregularidades se encontraron facturas alteradas, algunas reflejando la realización de obras o servicios simulados, así como la presunta entrega de productos sin la existencia de evidencia real o documentada de los mismos. Además, se detectó el sobreprecio en materiales, insumos y productos usados en obras públicas y diversas áreas del ayuntamiento. Incluso precisó que las irregularidades se encontraron en diversas obras, entre las que destacó las más emblemáticas del pasado trienio, como el malecón en sus tres etapas, las calles reconstruidas con concreto hidráulico y la Stella Maris, la estatua monumental de la Virgen del Carmen, conocida también peyorativamente como la “Virgen de Oceanografía”, pues la obra inicialmente fue financiada por la petrolera de Amado Yáñez Osuna, aunque al caer éste en la cárcel, tuvo que ser terminada con recursos municipales. “Mi obligación es presentar todos los argumentos probatorios. El paquete que entregamos trae todos los elementos probatorios. Tenemos confianza en que procederá la demanda”, dijo el contralor José María Pérez Vega. Y explicó que la denuncia está basada en tres ejes: “El primero el fincamiento de responsabilidad administrativa, que por el monto del quebranto implica inhabilitaciones, según la ley, de hasta 20 años”. En el segundo, abundó, “viene la posibilidad de una ejecución resarcitoria, que en el caso de quebrando comprobado en contra de cualquier entidad pública, dice la ley, se debe de cobrar hasta tres tantos el monto de lo omitido, de lo tomado o de lo que no se hizo. “Derivado de las acciones no realizadas que provocan un quebranto a la entidad, esto es que si esta denuncia es viable, deberá pagar cerca de 450 millones de pesos, y el penal, pues estamos consignando varios delitos que estamos documentando, como el ejercicio indebido del ejercicio público, uso indebido de atribuciones y violaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, actos que se castigan con pena de cárcel y sanciones económicas”, añadió. Pérez Vega comentó que además de la demanda de juicio político contra González López interpuso 25 más contra otros exfuncionarios, dos de ellos exregidores y 23 autoridades de las juntas municipales de Atasta, Sabancuy y Mamantel. Enseguida anunció que en próximas fechas también se presentarán ante las instancias correspondientes otras irregularidades graves encontradas dentro de la misma revisión, la cual se tuvo que ampliar.