Formal prisión a policía que confesó asesinato de los jóvenes de Tierra Blanca

jueves, 3 de marzo de 2016 · 15:52
XALAPA, Ver. (apro).- Rubén Pérez Andrade, el octavo policía estatal de Veracruz detenido por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca y que confesó que las víctimas fueron “incineradas y molidas”, recibió este jueves el auto de formal prisión por el juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosamaloapan, en la Cuenca del Papaloapan. Al vencer el término constitucional en su proceso, Pérez Andrade fue recluido, igual que los otros siete policías que el pasado lunes 11 de enero “levantaron” a Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25 y Susana Tapia Garibo, de 16 años. A una semana de que se cumplan dos meses de la desaparición forzada –que hizo recordar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, por el modus operandi de los cuerpos policiacos–, hoy ya se encuentran en prisión en espera de juicio los policías estatales Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal, Otoniel Cruz Linares, Edgar Omar Ruiz Tecalco y el propio Pérez Andrade. Así como el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, a quien familiares de otros desaparecidos le han fincado responsabilidad en “levantones” en Ciudad Cardel, en Úrsulo Galván, Puente Nacional y Rodríguez Clara. Las declaraciones El auto de formal prisión contra Rubén Pérez está basado en la contundencia de las pruebas aportadas dentro de la carpeta FGE/FIM/IM/01E/2016, bajo los efectos de la causa penal 48/2016. El expolicía contribuyó a fortalecer la línea de investigación de que los cuerpos de seguridad reciben órdenes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por encima de sus superiores en la Secretaría de Seguridad Pública. El pasado lunes la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación, en voz de Roberto Campa, revelaron a los familiares el avance de las investigaciones ministeriales. Les dijeron que Pérez Andrade narró cómo los cinco jóvenes fueron llevados al rancho El Limón y el coche Jetta blanco en el que viajaban fue “llevado a perder” en el municipio de Medellín de Bravo. “Entendemos que el octavo policía detenido era la mano derecha de Marcos Conde (el delegado estatal de la SSP en Tierra Blanca). Pérez Andrade funge como escolta personal de Conde. Él relata todo el suceso, admite que es copartícipe, él señala a los demás policías”, expresó vía telefónica Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos, cuyos restos presuntamente fueron encontrados en el rancho El Limón en el municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados más restos aún sin identificar. Campa Cifrián dijo el martes pasado que, luego de que los restos de los cinco jóvenes fueron “incinerados y molidos” varios de estos pedazos “carbonizados” fueron tirados al río. “Los restos conforme a la información con que se cuenta fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña y luego fueron tirados a un pequeño río que pasaba por ahí (…) Estos restos se recogieron y se identificaron lo que corresponde a dos personas”, detalló el funcionario de Gobernación. Los restos óseos, agregó, tenían tejido y por ello se pudo hacer la vinculación genética con las huellas de sangre halladas en una camiseta y otra hallada en un árbol. Campa Cifrián prometió a los padres de los cinco jóvenes que en diez días tendrán más resultados que los lleven a “las últimas consecuencias” en la investigación de quiénes y porque razón mataron a sus hijos. Bernardo Benítez, padre de Bernardo, de 25 años, dijo que no se moverán de las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia del Veracruz en tanto que la investigación “llegue hasta las últimas consecuencias” y obtengan justicia. Los familiares de los cinco jóvenes cumplen hoy 52 días de acampar en los pasillos del Ministerio Público de Tierra Blanca, como una medida de presión contra el gobierno de Javier Duarte para que se resuelva este caso que confirmó la colusión de policías estatales con el crimen organizado.