SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Luego de dar a conocer la presunta desaparición de dos equipos de espionaje e intervención telefónica adquiridos en el sexenio anterior, funcionarios del gabinete de seguridad del gobierno estatal cayeron en contradicciones y tuvieron que desmentir esa información. En total, el exgobernador Fernando Toranzo adquirió tres equipos de espionaje telefónico a un costo de 73 millones de pesos, compra que fue cuestionada por Ciudadanos Observando. Dicha organización reveló que los equipos se pagaron sin licitación, en adjudicaciones directas, y por lo menos en uno de los casos intervino una empresa prácticamente desconocida y sin historial en ese tipo de servicios. Al iniciar el gobierno de Juan Manuel Carreras, el procurador Federico Garza Herrera informó que hicieron una revisión para saber qué tipo de tecnología y equipamiento había recibido la dependencia, incluidos los aparatos para la intervención telefónica. Posteriormente, el pasado 27 de febrero, Garza Herrera desconoció la existencia de ambos equipos y dijo que no se encontraban en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). José Guadalupe Castillo, director de la Policía Ministerial, tampoco se hizo responsable de los aparatos, y señaló que para realizar los trabajos de investigación se pide la colaboración de compañías telefónicas. “Usamos los medios que la tecnología y la ley nos permite, algunos recursos”, apuntó. Y el contralor general Gabriel Rosillo Iglesias expresó que no había recibido notificación alguna sobre la existencia de los equipos durante las revisiones efectuadas a raíz del cambio de administración. El pasado martes 1, tanto el gobernador Juan Manuel Carreras como el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, ratificaron que ninguno de los aparatos había sido encontrado, ni en la PGJE, ni en la Secretaría de Seguridad Pública o en alguna otra instancia del rubro de seguridad. Leal Tobías incluso mencionó que se había presentado una denuncia para iniciar una investigación a fin de localizar los equipos. “No sé si hoy hay un dictamen, pero no se sabe dónde están”, puntualizó. Sin embargo, este miércoles el propio secretario de Gobierno encabezó una conferencia de prensa junto con el oficial mayor Elías Pecina Rodríguez y el titular de la Policía Ministerial, José Guadalupe Castillo, en la que reconocieron que los equipos sí existen y se encuentran en la PGJE. Aclararon que aunque el gobierno de Toranzo adquirió tres de esos aparatos, uno de ellos fue devuelto porque se detectaron irregularidades en la compra. Destacaron que uno de los equipos fue adquirido a finales de 2013 “para atender las denuncias de secuestro”. Otro se compró en 2014, pero al no reunir las especificaciones necesarias y ante el incumplimiento del proveedor, tuvieron que regresarlo y con el dinero devuelto se compró otro, explicó Leal Tobías. Los otros dos operan dentro del marco de la Comisión Nacional Antisecuestros “y no están perdidos”, destacó el secretario de Gobierno. Y el director de la Policía Ministerial del estado precisó: “El uso de estos equipos es parte de un acuerdo nacional y sólo se utilizan para combatir al secuestro”.