CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- El contralor municipal José del Carmen Pérez Vega interpuso ante el Congreso local otra demanda de juicio político en contra de su antecesor en el cargo, Javier Venancio Rullán Morales, actual regidor, esta vez por diversas irregularidades y omisiones que llevaron al quebranto de las arcas en el anterior trienio. Rullán Morales se desempeñó como contralor interno del ayuntamiento durante un tramo de la administración municipal 2012-2015 que encabezó el priista Enrique Iván González López, quien a su vez en octubre pasado la entregó en bancarrota al actual edil, el panista Pablo Gutiérrez Lazarus. González López fungió como secretario estatal de Salud durante la primera mitad del sexenio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, quien luego lo impuso como alcalde de El Carmen, pese a que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó diez años tras encontrarlo responsable de encabezar una “banda de corrupción” al interior de la Semarnat durante el tiempo en que, en sus tiempos como militante panista, operó como delegado. Rullán Morales se incrustó en la presente administración como noveno regidor, posición desde la que se ha encargado de controlar a la oposición y ejecutar las acciones de su partido en contra del actual munícipe y sus colaboradores, luego de que éstos decidieron auditar y ventilar las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos municipales. Pérez Vega, quien hace unos días interpuso una denuncia de juicio político en contra del exalcalde por desvío de recursos y 25 más en contra de otros exfuncionarios por incumplir con sus respectivas declaraciones patrimoniales, informó que acudió a la Oficialía de Partes del Congreso local para promover otra más en contra de Rullán Morales por irregularidades detectadas durante su gestión como contralor municipal. El contralor explicó que, en virtud de que el regidor es miembro del cabildo y cuenta con fuero, el Congreso estatal es la única autoridad competente para identificar, investigar y determinar las responsabilidades por incumplimiento de sus obligaciones, así como de aplicar las sanciones respectivas. También destacó que “los delitos e irregularidades durante su gestión redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, siendo que los graves actos en los que ha incurrido son objeto explícito de sanciones por la ley”. Luego recalcó que Rullán Morales, como contralor municipal, tenía la obligación de vigilar y presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial. “Estaba obligado a realizar las acciones conducentes para prevenir y, en su caso, sancionar las conductas irregulares de los servidores públicos obligados a declarar”, acotó. Enseguida añadió que en las auditorías se encontró que 185 servidores públicos no presentaron sus declaraciones patrimoniales, ya sea las de inicio, las de conclusión o las de modificación patrimonial, correspondientes al mes de mayo. “Es muy grave que él como contralor no haya realizado algún trámite administrativo en contra de los servidores públicos incumplidos, y más grave aún que no haya sancionado con inhabilitación a los mismos, en un franco desprecio a la observancia de la ley”, subrayó. José del Carmen Pérez Vega argumentó que los delitos cometidos por el actual regidor se encuentran tipificados dentro del Código Penal en los siguientes artículos: De acuerdo con el 286, “comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de cualquier acto u omisión que puedan afectar gravemente el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de las mencionadas en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado, y no lo informe por escrito a su superior jerárquico, o no lo evite si está dentro de sus facultades”. Pérez Vega añadió que el Código señala en su artículo 289 que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público cuando “retarde o entorpezca, de mala fe, el despacho de los asuntos de su competencia; se abstenga o se niegue a conocer de asuntos de su competencia, sin tener impedimento legal, o a intervenir en ellos si estuviere legalmente obligado; ejecute actos o incurra en omisiones que produzcan daño o concedan alguna ventaja a cualquier persona”. Por ello, advirtió, “consideramos que Venancio Javier Rullán Morales es presunto culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y el de abuso de autoridad”. También informó que, además de lo anterior, solicitó al Congreso el resarcimiento por parte del excontralor de 368 mil 689 pesos con 86 centavos, monto que de acuerdo con las leyes respectivas podrá ser impuesto hasta por tres tantos, es decir, hasta un importe por un millón 106 mil 69 pesos con 58 centavos. “Esto como consecuencia de no haber exigido dicho monto a la excontadora del Sistema DIF Carmen”, explicó. Luego abundó que, “en el caso del quebranto detectado por la auditoría interna de la Contraloría, a pesar de ser un delito administrativo y penal, no inició algún procedimiento en contra de la exservidora pública, ni de inhabilitación ni penal, mucho menos resarcitoria”. “De igual forma, por los motivos ya mencionados, consideramos que Rullán Morales debe ser procesado en el Congreso mediante juicio político que le quite la inmunidad de la que goza como regidor”, insistió.