CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función. Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la sesión del pasado miércoles 30, luego de revisar el juicio ciudadano 4370/2015 promovido por la magistrada afectada. Ayer, a pocas semanas de haber publicado el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que realizó en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, la Sala Superior del TEPJF determinó dar vista al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de San Luis Potosí para que revisen ese caso de violencia, acoso, discriminación e inequidad política. En octubre de 2014 el Senado designó a Yolanda Pedroza Reyes como magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí por un periodo de tres años, y como magistrados a Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza de Lira, por cinco y siete años, respectivamente. Según la afectada, sus dos compañeros la violentaron y el año pasado le impidieron ser presidenta del órgano jurisdiccional. En su denuncia resaltó la falta o retraso de convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, supuestos bonos por productividad a sus compañeros que ella no recibe, y la revisión de su computadora sin su consentimiento, entre otros actos. En su resolución, el TEPJF determinó que Rigoberto Garza de Lira, presidente del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, debe permitir a la magistrada el acceso a toda la información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones y eliminar cualquier barrera. Durante la sesión, el magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró como “delicado” que ese tipo de actos sean perpetrados por los propios juzgadores, y recordó que es responsabilidad de quienes integran los órganos colegiados buscar “el entendimiento, la cordialidad y las vías de comunicación como mecanismos de solución de las controversias entre integrantes”. Además, apuntó, “se advierten las actas levantadas por agentes del Ministerio Público, a petición del presidente del Tribunal Electoral local para colocar sellos en las oficinas de la magistrada, y el aseguramiento de las instalaciones para la práctica de periciales a los equipos de cómputo”. Penagos López mencionó que en ese conjunto de actos se puede apreciar la intención de menoscabar y obstaculizar el encargo que desempeña Pedroza Reyes, quien además es la única mujer que integra el órgano colegiado. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa sostuvo que se acreditó la violencia política, acoso y discriminación contra Yolanda Pedroza, ya que los otros dos integrantes e incluso el secretario general de Acuerdos incurrieron en las tres vertientes de acoso laboral previstas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alanís Figueroa señaló que de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se incurrió en acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y en el ejercicio de derechos político-electorales, menoscabaron o anularon el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. A su vez, el magistrado Flavio Galván Rivera indicó que las diferencias entre los integrantes de un cuerpo colegiado no se pueden traducir en falta de respeto, menos en atentado a la libertad, integridad física y moral, y agregó que los códigos de ética son vinculantes y su desacato tiene consecuencias, con independencia de la conducta posiblemente tipificada en el Código Penal. Explicó que no pueden existir conductas como éstas, que incluso pueden ser delitos o actos de responsabilidades administrativas, por lo que se manifestó a favor de dar vista al Senado para que revise la resolución y en su caso tome acciones administrativas. En tanto, el magistrado Manuel González Oropeza destacó que si en los tribunales estatales hay actos de acoso, ello significa que la justicia electoral en México no se desarrolla. “Creo que el Senado, con esa altura de miras, puede, a través de una investigación, proponer las mejoras al sistema de justicia electoral local”, observó. El magistrado Salvador Nava Gomar consideró grave el asunto y expresó: “Me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado tome cartas en el asunto, pues ¿qué garantía puede dar quien no honra a sus pares?”. Para que la tutela judicial sea efectiva en un sistema democrático se debe juzgar con perspectiva de género, así que por ahora el caso fue enviado al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de San Luis Potosí, concluyó Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del TEPJF.