MONTERREY, NL (apro).- El subprocurador anticorrupción de la entidad, Ernesto Canales, fue citado por el Congreso local para que el próximo 4 de abril explique las acusaciones que pesan en su contra por presunto fraude. Por unanimidad, los legisladores acordaron que el funcionario estatal comparezca a las 17:30 del día señalado, a fin de que aclare la denuncia presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. A Canales se le acusa de haberse quedado con seis millones de dólares de Paula Cusi, viuda del magnate de las telecomunicaciones Emilio Azcárraga Milmo, cuando la representó como abogado. De acuerdo con el coordinador de la bancada priista Marco Valdez, el subprocurador debería separarse del cargo para que pueda aclarar la acusación que pesa sobre su persona. En el mismo sentido se pronunció el panista Arturo Salinas, quien dijo que la Fiscalía que dirige Canales debería investigar la acusación que trascendió el martes 29 en una columna política de circulación nacional. Los diputados mencionaron que luego de escuchar su versión sabrán si el subprocurador está apto para continuar en el puesto o debe ser removido. En su columna Estrictamente personal publicada en el diario El Financiero, el periodista Raymundo Riva Palacio destacó que según una averiguación previa penal, Cusi era representada por Canales y el abogado César García Méndez en un juicio civil de 2007 por la sucesión testamentaria de El Tigre Azcárraga, en la que estaban en juego decenas de millones de dólares que se disputaban sus allegados. En 2012 la viuda, quien reclamaba 16% de la herencia, denunció que los abogados recibieron 6 millones de dólares que no le reportaron y que indebidamente se apropiaron. En declaraciones a la prensa local, el fiscal anticorrupción reconoció que Cusi los denunció, sin embargo, dijo, no pudo demostrar las acusaciones. Aclaró que hay juicios civiles y mercantiles relacionados con el mismo tema y están pendientes de resolución. Estos, dijo, fueron debidamente informados a las autoridades de Nuevo León, que los conocieron cuando fue sometido a la prueba de confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad para ocupar el puesto de fiscal Anticorrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia. El colaborador de Jaime Rodríguez Calderón señaló que las notas periodísticas podrían buscar la distracción de la opinión pública en torno de los casos que actualmente investiga, entre ellos varios la corrupción en el gobierno del priista Rodrigo Medina.