Sicarios vestidos de militares instalan retenes en Guerrero

domingo, 6 de marzo de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Esta mañana en la edición del periódico local El Sur se difunde una fotografía, captada por un ciudadano, de un retén instalado sobre un tramo de terracería del municipio de Apaxtla de Castrejón donde se observa a un grupo de sujetos armados con fusiles AK-47 y AR-15 que portan uniformes similares a los que utiliza el Ejército y la Marina. Algunos de los hombres usan gorras deportivas y cascos militares, y se encuentran a bordo de unidades particulares. La imagen confirma la presencia de grupos criminales que operan impunemente en la zona norte de la entidad donde el vacío de autoridad es evidente y la sociedad vive secuestrada ante la disputa que mantiene La Familia y Guerreros Unidos por el control de la producción y trasiego de droga que se produce en la Sierra y sigue la ruta del Estado de México para llegar a los Estados Unidos. El hecho también refleja la postura de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores en el Plan Estatal de Desarrollo sobre la estrategia federal que dirige el Ejército contra el narco, al afirmar que ha sido “desorganizada y no muy efectiva”. La impactante imagen es acompañada por una nota del periodista Alejandro Guerrero titulada “Sicarios disfrazados de militares instalaron un retén en Apaxtla”, donde se indica que ayer en las inmediaciones del poblado de San Felipe del Ocote se encontraban al menos 20 integrantes de una célula de La Familia encabezados por un operador del grupo criminal identificado como Ramiro Bahena Urieta El Güero Pelayo. La nota periodística señala que miembros del grupo de autodefensa denominado Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón responsabiliza a la gavilla que encabeza El Güero Pelayo de la reciente ola de secuestros, asesinatos, extorsiones y ataques contra comunidades de los municipios de Teloloapan y Apaxtla de Castrejón. Incluso, refieren que esta célula de La Familia ha desatado una cacería contra integrantes de la guardia comunitaria de Apaxtla, ya que el objetivo de los retenes es detener a sus integrantes. En febrero de 2014, el diputado federal por Movimiento Ciudadano en ese entonces y exalcalde perredista de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, denunció públicamente que el movimiento de autodefensa de Apaxtla tiene nexos con Guerreros Unidos, grupo delincuencial antagónico a La Familia, con el que mantiene una disputa por el control de la zona norte de la entidad. En esta franja de la entidad que conecta la Sierra de Guerrero con el sur del Estado de México, el grupo de La Familia que tiene su bastión en Arcelia y dirige Johny El Mojarro Hurtado Olascoaga mantiene una brutal confrontación con operadores de Guerreros Unidos por el control de las zonas de producción y trasiego de droga. De acuerdo con información proporcionada por los miembros de la guardia comunitaria, la célula de La Familia se esconde en los cerros de los poblados de San Felipe y Liberaltepec donde tienen sometidos a los campesinos, quienes son obligados a alimentar a los 40 sujetos que conforman esta célula delincuencial. También reprocharon la ausencia de autoridad argumentando que esta banda opera impunemente en la zona rural de Apaxtla y Teloloapan, lugares donde soldados y policías federales que integran el operativo Tierra Caliente no llegan porque su presencia se enfoca en la carretera que conecta Iguala con Ciudad Altamirano, donde se ubican “sus bases, hoteles y restaurantes”. Esta semana, el titular de la Fiscalía General del estado  (FGE), Xavier Olea Peláez, criticó públicamente la actuación del Ejercito en la estrategia federal contra el narco, al señalar que soldados y marinos recorren zonas urbanas como la avenida Costera de Acapulco donde la incidencia delictiva es baja dejando a su suerte los puntos de mayor violencia en el puerto. Las declaraciones del funcionario estatal que coinciden con la postura del gobierno de Astudillo plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo, provocaron que la Sedena emitiera un comunicado oficial donde calificó al fiscal de falta de conocimiento de los operativos de seguridad que se implementen en la entidad.

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