XALAPA, Ver. (apro).- El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, confirmó que seis de los ocho policías de Tierra Blanca detenidos por el delito de “desaparición forzada” contra cinco jóvenes de Playa Vicente, el pasado 11 de enero, recurrieron al amparo judicial por presuntas violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con Bravo, los amparos fueron interpuestos ante un juez federal donde los uniformados acusan “malos tratos” y tortura al momento de su detención. Los acusados también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El funcionario federal dio a conocer que la Fiscalía ya fue notificada de la queja, y ahora lo que procede es abrir una investigación al respecto. Detalló que el primer amparo fue interpuesto por el exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien aseguró que fue torturado para que confesara su participación en los hechos. Los otros policías que se encuentra en prisión son: Luis Rey Lendeche Colorado, Omar Cruz Santos, René Pelayo Vidal, Edgar Omar Ruiz Tecalco, Rubén Pérez Andrade, Otoniel Cruz Linares y Edgar Ramón Reyes Hermida. El gobierno de Javier Duarte los acusa de la desaparición forzada de Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16. Los cinco jóvenes fueron “levantados” y posteriormente entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que supuestamente los llevó al rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, donde fueron incinerados, molidos y arrojados a un río, de acuerdo con la declaración de uno de los policías.