CAMPECHE, Camp. (apro).- El secretario de Cultura de Morena, Héctor Malavé Gamboa, denunció hoy ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por “la violación sistemática de sus derechos”, al detenerlo en días recientes por participar en una protesta ciudadana. Malavé fue detenido por policías antimotines el 28 de febrero por sumarse a una protesta de vecinos del poblado de Lerma, conurbado a esta capital, quienes cerraron la calle principal de la comunidad inconformes con la irregular concesión que se le dio a un funcionario de la Secretaría de Gobernación del predio junto al mar, espacio que albergaba un antiguo centro de salud. El morenista fue el único detenido en el operativo policíaco que se montó para liberar la arteria. El también representante de Morena en el distrito I federal electoral de Campeche fue consignado ante la FGE, que lo liberó luego de obligarlo a firmar una orden de restricción que le impide participar en manifestaciones. No obstante, luego de denunciar su caso ante la CEDH, Héctor Malavé advirtió que Morena defenderá su derecho a la protesta, “puesto que este, es un derecho que en la vida democrática de cualquier ordenamiento constitucional ayuda a mantener vivos los restantes derechos”. Respecto de su detención, comentó que “los compañeros de Lerma nos pidieron el acompañamiento y acudimos. Realizamos un círculo de lectura y reflexión política con los comuneros, y en ningún momento hubo algún acto de violencia ni transgresión de la ley, era una manifestación pacífica”. También criticó el excesivo uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de seguridad del estado para conciliar demandas legítimas de la sociedad y conminó al diálogo y la razón como mecanismos de solución de conflictos. Luego recordó que la criminalización y la judicialización de la protesta han sido recurrentes en México, y se trata de una estrategia política y mediática del Estado “que presenta como delito ante la sociedad la lucha por los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. “Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedarían bajo amenaza, puestos en riesgo”, alertó. La queja se presentó en contra de agentes de la SSP y la FGE por la violación sistemática de derechos humanos protegidos por la Constitución y convenios internacionales, entre ellos los artículos 1, 9, 16 y 20.