PUEBLA, Pue. (apro).- Tras 16 meses de prisión, este viernes fue liberado Sabino Leonardo Báez Serrano, expresidente auxiliar de la comunidad náhuatl de la Resurrección, quien se enfrentó al gobierno de Rafael Moreno Valle al oponerse a cerrar las oficinas del registro civil de su comunidad. “La lucha no cesará, sólo tuvo una pausa, mi pueblo me eligió como representante y eso haré”, dijo al abandonar el penal de Cholula y luego de reencontrarse con su esposa e hijos. Báez dejó entrever que luchará por volver a retomar el cargo de edil auxiliar de su comunidad, tal y como lo hizo Raúl Pérez, edil de Canoa, quien también fue encarcelado por el gobierno de Moreno Valle por oponerse a entregar el Registro Civil tras la reforma que impulsó su gobierno para centralizar ese servicio. Pérez fue reinstalado el pasado mes de marzo en su cargo luego de salir de prisión. Aún se encuentra en el Penal de Puebla el presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien igual se solidarizó con su comunidad para reclamar la permanencia del Registro Civil en los pueblos, bajo el argumento de que la mayoría de los habitantes no cuentan con recursos para trasladarse a otras localidades a hacer trámites. Báez aseguró que al salir de la cárcel se siente con ánimo de seguir apoyando a su pueblo y a sus raíces indígenas. “Yo seguiré defendiendo los intereses del pueblo, porque el pueblo me puso, con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, manifestó. El exedil de la Resurrección fue quien inició la resistencia contra las reformas a la Ley Orgánica Municipal, pues recurrió a un amparo para evitar entregar el servicio del Registro Civil y estaba a punto de ganar el recurso cuando fue encarcelado. Aparte, antes de su encarcelamiento, Báez había iniciado los trámites para formar la asociación civil de Juntas Auxiliares por México (JAMAC). El primer delito que se le imputó fue por “desobediencia y resistencia de particulares” según el Proceso número 457/2014,  aunque de acuerdo con su abogado Hilario Gallegos, eso jamás ocurrió. Refirió que el día que Báez fue detenido, agentes de la Policía Ministerial llegaron a su oficina para “invitarlo” a hacer un recorrido para ubicar “focos rojos” en su localidad, como parte de “trabajos de inteligencia”. Ya cuando el edil subió al vehículo, los ministeriales le informaron que estaba detenido. Luego, cuando estaba a punto de obtener su libertad mediante un amparo, la autoridad estatal le levantó nuevos cargos supuestamente por el delito de peculado al haber utilizado un vehículo oficial para acudir a una manifestación contra las políticas del gobierno de Moreno Valle. La pena que se le dictó por este supuesto delito fue de un año cuatro meses y tres días en prisión, mismos que fueron cumplidos, precisó Gallegos, quien comentó que el edil tuvo que pagar una fianza de 37 mil pesos para ser puesto este viernes en libertad. De acuerdo con el abogado, el exedil recibió dos ofertas del gobierno estatal para obtener su libertad, las cuales rechazó. La primera vez, refirió el abogado, le ofrecieron liberarlo si firmaba un desistimiento del amparo 1558/2014 que tramitó en el juzgado Noveno de Distrito en contra de la reforma a las Leyes Orgánica Municipal y del Registro Civil y accedía a disolver la asociación civil de Juntas Auxiliares. La segunda oferta que Báez rechazó en 2015, narró Gallegos, fue cuando operadores del gobierno estatal y municipal le propusieron dejarlo en libertad si dejaba la lucha y no hacía más declaraciones a los medios de comunicación. Cabe recordar que en este año electoral, el gobierno de Moreno Valle dio reversa a la reforma que dejó a las Juntas Auxiliares sin servicio de Registro Civil y que originó una serie de protestas, entre ellas la ocurrida en Chalchihuapan donde murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Aunque sin regresar del todo las facultades a los ediles auxiliares, la reforma aprobada hace unas semanas contempla que se vuelvan a abrir oficinas del Registro Civil en esas comunidades, la gran mayoría de origen indígena.