PAN y PRD acusan 'coacción” del gobierno de Veracruz para apoyar a Héctor Yunes

viernes, 1 de abril de 2016 · 15:20
XALAPA, Ver. (apro).- Alcaldes del PAN y del PRD se quejaron con sus comités estatales de que fueron citados por el gobierno de Javier Duarte en un hotel de la capital del estado con el pretexto de una reunión del Mando Único Policial y para ver temas relacionados con los pasivos pendientes. Ya en la reunión, acusaron, fueron coaccionados para que “apoyen” al candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa. A cambio les ofrecieron “aprobar sus cuentas públicas” así tengan irregularidades, y liberar las partidas presupuestales pendientes. La queja fue expuesta por los coordinadores legislativos del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán y el del PRD, Jesús Velázquez Flores, quienes aseguran que fueron 70 alcaldes de ambos institutos políticos los que intentaron ser “coaccionados” hace una semana en un salón del Hotel Xalapa. Rosendo Guzmán aseguró que en próximos días presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra del gobierno de Javier Duarte; sin embargo, tanto el legislador panista como el perredista se negaron a dar los nombres de los 70 ediles involucrados, pretextando un tema jurídico. “Es un intento de soborno y coacción que realizaron sobre 70 alcaldes de distintos municipios de nuestra entidad. Es vergonzoso el nivel de corrupción del PRI y del gobierno del estado. Es vergonzoso que sigan recurriendo a las mismas corruptelas y prácticas ilegales que los caracterizan y que realizan en cada proceso electoral”, expuso el legislador panista. Jesús Velázquez detalló que mediante engaños se convocó a los alcaldes perredistas y panistas haciéndoles pensar que tendrían una “reunión oficial” para beneficio de los habitantes de sus municipios, pero fueron sorprendidos con un acto político-electorero, que atenta contra la dignidad de los servidores públicos municipales. “Quebrantan la autonomía de los ayuntamientos, y violenta el sistema de responsabilidades a que se encuentran sujetos los servidores públicos. Es vergonzoso que el gobierno del estado, desesperadamente condicione la prestación de servicios, programas, beneficios, obras y apoyos, a cambio de obtener de los alcaldes su compromiso de apoyar al candidato del PRI”, reprocharon. Está acusación, aún sin denuncia penal de por medio, se da en medio de un proceso electoral para renovar la gubernatura y 50 diputaciones que arrancará este domingo en los 212 municipios de Veracruz, donde el PAN y PRD van juntos en una coalición denominada “Para Rescatar Veracruz”, mientras que el PRI va en alianza con los llamados “partidos satélites”, Alternativa Veracruzana, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México. Aunque los legisladores, Joaquín Rosendo Guzmán y Jesús Velázquez prometieron presentar la denuncia penal en “próximos días”, no es la primera vez que ambos institutos políticos dejan las querellas penales en solo “amagues” o las presentan y no las ratifican. Además se sabe que en este sexenio el PAN ha “negociado” con el gobierno de Duarte posiciones para sus militantes en el Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura y en el Tribunal Electoral; mientras que el PRD ha obtenido prebendas como terrenos y bienes inmuebles para sus líderes partidistas o plazas en la Secretaría de Educación de Veracruz. En la rueda de prensa, Guzmán y Velázquez recriminaron que en medio del desastre financiero de Duarte todavía se pretenda desviar “los pocos recursos públicos” que quedan hacia las campañas políticas del PRI. “Es delirante que en medio de esta una crisis de credibilidad que vive la actual administración y el PRI, recurran a medidas evidentemente desesperadas para retener el poder”. Acompañados de los diputados del PAN, Ana Cristina Ledesma y Hugo Fernández, exigieron al Órgano de Fiscalización, la Fiscalía General del estado, la Contraloría General y al Organismo Público Electoral Veracruzano que investiguen los hechos donde se habló de desvío de recursos, de entrega de dádivas a cambio de votos y de corrección a cuentas públicas municipales a cambio de que los alcaldes cometan delitos electorales.

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