MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local aprobó la nueva Ley para la Protección de las Personas que Participan en Procesos Penales, cuyo propósito, se argumentó, es impulsar la cultura de la denuncia y salvaguarda a quienes puedan ver en riesgo su vida, integridad física o psicológica por haber participado en la investigación de algún hecho delictivo. Esta ley forma parte del paquete de iniciativas que presentó el Ejecutivo en materia de seguridad como parte de su cuestionado proyecto Escudo Yucatán con el que pretende blindar al estado, a largo plazo, contra la delincuencia. En su oportunidad, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia María Rivas Rodríguez, destacó que esta nueva ley beneficiará las indagatorias y trabajo realizado por las fuerzas policíacas. "La Ley avalada este día se enriqueció con las observaciones tanto de las bancadas del PAN y del PRI, como de las cuatro representaciones legislativas y seguimos con el diálogo y la buena voluntad política para que todas las demás propuestas lleguen a buen fin", comentó la también exfiscal General del Estado. Reiteró que el objetivo es brindar mayor seguridad al estado, más elementos policíacos y profesionalización en la investigación. La nueva ley define como personas protegidas a aquellas que puedan verse en situación de riesgo para su vida o integridad física o psicológica por haber participado en la investigación o en el proceso penal o, aún sin estar directamente involucrados, tengan una relación parental o afectiva con las personas relacionadas y por ende compartan la misma situación de riesgo. En su oportunidad, el diputado Daniel Jesús Granja Peniche expuso que el nuevo ordenamiento incluye un catálogo de medidas para proteger a todas las personas que toman parte en procesos penales, reconociendo diversas figuras, más allá de los testigos, además establecer derechos y obligaciones de los sujetos involucrados. En tanto, el legislador Ramiro Moisés Rodríguez Briceño explicó que la norma aprobada complementará y modernizará el marco jurídico para hacerlo congruente con las disposiciones federales en la materia, ello con el objetivo de enfrentar y prevenir los retos que en seguridad se presenten en la entidad.