CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A menos de un mes de vencer el plazo para que los estados homologuen su norma local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local presentó un paquete de reformas para cumplir con la obligación legal. El diputado local y coordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, consideró necesario adecuar la ley local en materia de transparencia "por convicción propia" con el fin de combatir la corrupción, pues de lo contrario, la ley general aplicará de manera directa después del próximo 5 de mayo. Lo anterior, durante la sesión de pleno de este martes en la sede de la LXI legislatura local, donde Mejía anunció que la propuesta de MC plantea que la ley no sea sólo declarativa para cumplir formas o enarbolar el discurso “políticamente correcto” de la transparencia; por el contrario, lo que se busca es sancionar a quienes se aferran a la opacidad, impunidad y corrupción. La iniciativa considera reformar la actual Ley 374 de transparencia que fue emitida hace más de 10 años en la entidad, con el objetivo de que servidores públicos, líderes de sindicatos y dirigentes de partidos políticos cumplan con su obligación de transparentar la información y el uso de recursos públicos, como lo ordena la ley general en la materia. Al respecto, la fracción de MC propuso que las resoluciones del instituto local de transparencia (ITAIG) sean vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, y que entre las medidas de apremio se consideren sanciones por incumplimiento de las obligaciones para servidores y el resto de sujetos obligados que marca la ley. Ante el incumplimiento de los dirigentes partidistas, se considera dar vista al órgano electoral estatal y, para el caso de fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales, se dará vista a un órgano interno de control. En la propuesta, abundó, se incluye el modelo de gobierno abierto que postula MC y que detalla los mecanismos de colaboración entre el instituto, los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. También se propone que los consejeros del ITAIG, además de ser denominados comisionados --como los miembros del INAI--, puedan estar en funciones por un periodo máximo de siete años y serían designados por el Congreso local. Los actuales consejeros del ITAIG podrán participar en el proceso de selección junto a otros ciudadanos en igualdad de circunstancias “para que no sea un artículo transitorio el que prorrogue el periodo de los actuales miembros del instituto”, indicó Mejía Berdeja. La iniciativa de reforma fue turnada a comisiones para ser dictaminada junto a la que envió la semana pasada el gobierno estatal. A la fecha, sólo los estados de Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y Tabasco han cumplido con la obligación de homologar la norma local con la ley general de transparencia.