CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Secretaría de Contraloría y Transparencia del gobierno de Héctor Astudillo Flores afirmó desconocer los nombres de funcionarios o exfuncionarios de las administraciones de sus antecesores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez involucrados en una compra irregular de armamento al Ejército y acusados de desviar más de 19 millones de pesos del programa federal Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). A principios de marzo pasado Apro dio a conocer los resultados de una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 para la capacitación, certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas, así como las estrategias de prevención de delito y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. El informe de la ASF emitido a finales de noviembre pasado detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante los gobiernos de Aguirre Rivero y Ortega Martínez. La revisión federal detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas sin licitar; una compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía estatal y una camioneta blindada destinada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, entre otras irregularidades. Por ello, la ASF concluyó que los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia contra el combate a la delincuencia en Guerrero y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones; una solicitud de aclaración y 17 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Este pliego fue remitido a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal mediante el oficio A1/332/2015 fechado el 27 de noviembre de 2015 para que se investigue y sancione los actos u omisiones de los servidores públicos que administraron de forma irregular los recursos del FASP. El pasado 22 de marzo, Apro solicitó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia del gobierno de Astudillo, vía acceso a la información pública, los nombres de los funcionarios o exservidores públicos involucrados en el presunto desvío de recursos del fondo federal destinado a la Seguridad Pública y el cumplimiento del ordenamiento de la ASF. En respuesta, la dependencia estatal informó que en el área jurídica se encontró un acuerdo de inicio de investigación administrativa pero “no se advierte el nombre” de las personas encargadas del control, manejo y ejecución de los recursos del fondo federal para la Seguridad Pública transferidos en 2014. Ello a pesar de que todas las compras del sector central de la administración estatal son realizadas por la dirección de Adquisiciones dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración. A través de un oficio fechado el viernes 8 y firmado por el titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública de la Contraloría estatal Jesús Hernández Alonso se indica que apenas iniciaron una investigación sobre este caso. Es decir, casi cinco meses después de que la ASF emitió el informe donde advierte sobre el millonario desvío de recursos destinados a la Seguridad Pública en esta entidad que ocupa los primeros lugares en incidencia delictiva. La opacidad de la Contraloría estatal que dirige Mario Ramos del Carmen contrasta con el discurso del gobernador Héctor Astudillo, quien en días pasados anunció un decálogo de compromisos en materia de transparencia y medidas para revertir la corrupción en la administración pública.