CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno del priista Héctor Astudillo Flores dio a conocer que durante la administración de su antecesor Ángel Aguirre Rivero la empresa denominada Centro Mexicano de Análisis Poligráfico y Picológico (Cemapp) fue beneficiada con la adjudicación directa de contratos por un monto de más de dos millones de pesos para evaluar a 983 agentes de seguridad pública estatal. No obstante, funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Secesp) negaron información sobre el nombre del empresario favorecido de forma irregular, como lo advierte la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), transferidos por el gobierno federal en 2014. Estos recursos fueron destinados para la capacitación, certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas, así como para las estrategias de prevención de delito y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en esta entidad colapsada por la inseguridad y violencia. El presidente Enrique Peña y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han denunciado públicamente que el gobierno de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega desatendió el tema de capacitación y certificación de las corporaciones policiacas para justificar el hecho de que la estrategia de seguridad que coordina el Ejército en la entidad no puede revertir los efectos de la narcoviolencia. No obstante, la administración de Astudillo se ha caracterizado por negar la información sobre las irregularidades detectadas por la ASF en la aplicación de los recursos destinados a seguridad pública durante el periodo de sus antecesores. El informe de la ASF emitido a finales de noviembre pasado detectó “un probable daño” a la hacienda pública federal por un monto de 19 millones 802 mil pesos ejercidos entre 2014 y 2015, así como diversas irregularidades, entre ellas la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas sin licitar como lo marca la normatividad. La revisión de la ASF, difundida por Apro a principios de marzo, advierte que el Secesp reportó al 31 de agosto pasado un gasto de tres millones 699 mil 400 pesos de la partida genérica “Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales”, utilizados para el pago de evaluaciones integrales, poligráficas y psicológicas a elementos de las instituciones de seguridad pública en la entidad. El órgano fiscalizador del Congreso de la Unión detectó que el gobierno estatal benefició a empresas particulares mediante la adjudicación de “cinco contratos por invitación” y “un convenio de adjudicación directa”, donde no se justificó el motivo de la excepción de la licitación y con ello se incumplió el garantizar las mejores condiciones para el estado en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Al respecto, Apro solicitó al gobierno de Astudillo, vía acceso a la información pública, copias de los contratos, así como el nombre y acta constitutiva de las empresas beneficiadas con recursos públicos utilizados para el programa de evaluación del FASP. En respuesta, el viernes 15 la delegada administrativa del Secesp, Nybia Solís Peralta, emitió una respuesta parcial al informar que para este programa considerado de prioridad nacional sólo se gastaron dos millones 290 mil 543 pesos, es decir, un millón 408 mil 857 pesos menos del monto total reportado por la ASF. Estos recursos fueron entregados, a través de cinco contratos por invitación, a la empresa Cemapp de abril a principios de octubre de 2014, es decir, durante la administración del defenestrado Ángel Aguirre. La funcionaria del organismo estatal dirigido por Daniel Pano Cruz –exsecretario de Educación durante el gobierno del actual senador priista René Juárez– no entregó la información solicitada sobre la copia de los contratos y tampoco el acta constitutiva de la empresa beneficiada por Aguirre. Tampoco informó sobre la empresa que mediante un convenio de adjudicación directa también fue beneficiada con recursos del FASP como lo informó la ASF. Sólo se limitó a proporcionar una lista sobre la fecha de los cinco contratos, el monto y tipo de servicio contratado a Cemapp, que habría aplicado pruebas de confianza a casi mil elementos de áreas de seguridad pública en la entidad durante cinco meses en 2014, de acuerdo con el oficio 310/2016 de la delegación administrativa del Secesp. En el portal oficial de Cemapp, se indica que es una empresa fundada en 2007 con el propósito de ofrecer servicios capacitación y asesoría en materia de control y confianza para instituciones y empresas del país, y tiene su sede en dos domicilios ubicados en la calle Plateros, edificio 76 de la colonia San José Insurgentes, y el otro en el 125 de Manuel M. Ponce de la colonia Guadalupe Inn en la delegación Álvaro Obregón, ambos en la Ciudad de México.