ECATEPEC, Edomex. (apro).- “¿Quién dijo que los delitos no son inventados?, ¡eso es de toda la vida!”, reconoció Fernando Ulises Cárdenas Uribe, director general de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), durante una reunión de trabajo con sus subalternos realizada el pasado 21 de abril. De acuerdo con un video que circula en las redes sociales bajo el título “Director de Litigación de la PGJEM acepta fraude”, el funcionario instruyó en esa ocasión a su personal para que de cada 10 casos que promuevan las fiscalías ante el Poder Judicial se ganen cuando menos ocho. “De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos. Abajo ¡ya está mal!.. Si fuéramos empresa o banco, te entran ocho pesos y te gastas 18, estoy frito ¿No?”, puntualizó. Según el video, Edmundo Daniel Mondragón Moncallo aparece como víctima en más de 15 carpetas administrativas ya judicializadas en Ecatepec, entre ellas la 1252/14, 1285/15, 1678/15 y 1112/15. Esta anomalía, detalla, es avalada por mandos de la Procuraduría como el fiscal regional Juan Francisco Hernández Aguilar de Ecatepec –tierra del gobernador– y el fiscal de Homicidios Miguel Ángel Tostado Reyes, “quienes inventan delitos para meter gente inocente a la cárcel contrarios a su cártel, por orden del comandante José de Jesús Arroyo López y otro policía de apellido Mendoza y demás secuaces”. Durante el encuentro videograbado con subalternos de diversas fiscalías de la entidad, Cárdenas Uribe advierte que no hay pretextos para tener una efectividad de condenas inferior a 80%. “¡Es que los delitos que son inventados!, ¿Quién dijo que los delitos no son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!” En 2009 que entró el sistema –acusatorio, oral y adversarial–, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014…”, admite. Para muestra… El actual director general de Litigación de la Procuraduría mexiquense encabezó, en medio de un aparatoso despliegue de seguridad, las audiencias del pasado 19 y 22 de abril en el penal de Chiconautla. En ellas le fue revocado a José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC. el auto de No Vinculación a Proceso por el delito de robo a casa-habitación con agravante de cometerse con violencia. Al activista le fueron presuntamente fabricadas tres carpetas por el mismo ilícito. Fue absuelto en las dos primeras, pero Cárdenas Uribe representó a la Procuraduría en la tercera para garantizar que no abandone el penal, quien además ha señalado corrupción de autoridades priistas en diversos fraudes inmobiliarios. Según las audiencias de la toca 58/2016 en la Segunda Sala Penal Colegiada de Ecatepec, a la Sala Seis de Juicios Orales del Penal de Chiconautla ingresaron este funcionario, seis ministerios públicos, cuatro fiscales, seis agentes ministeriales y cuatro integrantes del grupo antimotines para “intimidar”. “En las dos audiencias se me puso un custodio para que me vigilara desde que salí de mi celda sin quitarme su presencia; es decir, se violaron mis derechos humanos y se me dio un trato intimidatorio y humillante, como si se procesara al peor de los delincuentes”, denunció Pérez Espinoza. Consideró que fue “una consigna” la revocación del auto de No Vinculación a Proceso por la Segunda Sala Colegiada en Ecatepec, al resolver la apelación 58/2016. “La redacción de este fallo estuvo a cargo de la PGJEM, concretamente del director general de Litigación, quien exhibió el servilismo, la sumisión y la simulación de los jueces Guillermo Peralta Ramírez, Alberto Cervantes Juárez y Tomás Santana Malváez, habilitados de manera extraordinaria para fungir como magistrados unitarios sólo para ese caso y evitar la liberación”, acusó. Considerado preso de conciencia desde el 4 de noviembre de 2015 –por ganar diversos juicios contra grandes constructoras por fraudes inmobiliarios–, José Humbertus recordó que el juez Unitario de Control de Ecatepec Mario Iván Chávez Picazo resolvió la No Vinculación a Proceso en una carpeta previa en la que se acusan los mismos hechos. En aquella carpeta, el juez confirmó que “las entrevistas de la supuesta víctima Norma Leonor Olguín y las supuestas testigos Elizabeth Zamora Gregorio y Nancy Ruiz Vargas son idénticas, no cambia una declaración de la otra, no son espontáneas y carecen de inmediatez, pues se realizaron dos meses después de los supuestos hechos delictuosos”. Más: El peritaje de criminalística de campo realizado por la PGJEM para analizar las huellas vestigios del delito y la destrucción de las supuestas chapas de las puertas del estacionamiento y de la casa-habitación se realizan un mes después y el juez lo puso en duda porque Ricardo Enríquez Dávila, esposo de la ahora víctima Norma Leonor Olguín, no emitió su declaración ante la Fiscalía el mismo día 5 de octubre de 2015. Estos razonamientos, lamentó el inculpado, fueron desestimados en las recientes audiencias y “los fundamentos expresados por el director general de Litigación son los mismos utilizados casi de manera textual por los magistrados que resolvieron revocar la No Vinculación a Proceso y quitarme de manera ilícita mi libertad porque el delito del que se me acusa fue fabricado por el director general de Litigación”. El presidente del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna AC., aseguró: “Somos solo una estadística en su falsa lucha contra la delincuencia”. Luego, adelantó que en breve los inocentes sentenciados en el Penal de Chiconautla emprenderán denuncias millonarias contra la PGJEM, basadas en el artículo 113 de la Constitución del país que establece la reparación de los daños “cuando hayamos estado privados de nuestra libertad ilegalmente”. Y advirtió: “El gobernador Eruviel Ávila Villegas debe asignar una partida presupuestal muy grande para reparar los daños a miles de familias e internos que sufrimos por estar privados de nuestra libertad”. Según su versión, “los imputados somos estadística en su falsa lucha contra el crimen. Los delitos que se nos imputan están fabricados… en cientos de casos se utiliza la Tortura para que los presuntos responsables se declaren culpables”.