VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió suspender los juicios de amparo en revisión hasta que el pleno resuelva las acciones de inconstitucionalidad que el PRI y PVEM interpusieron en contra de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Lo anterior, “paraliza” los amparos en todos sus efectos, incluyendo el descuento de cuotas a burócratas, anunciaron los coordinadores parlamentarios de PRI y PVEM, Manuel Andrade Díaz y Federico Madrazo Rojas, que en febrero pasado presentaron ante la SCJN las acciones de inconstitucionalidad números 8/2016 y 9/2016. “Esto implica que las resoluciones de esos juicios de amparo se deben suspender, incluyendo el descuento hasta que se resuelva las acciones de inconstitucionalidad, evitando así que existan resoluciones contradictorias”, explicó Andrade Díaz, también exgobernador de Tabasco. Madrazo Rojas informó que el 18 de abril la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 3/2016 en el que se dispone el aplazamiento de la resolución de amparos en revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, presentados por burócratas en contra de la nueva ley del ISSET, expedida mediante el decreto número 294 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2105. Los burócratas tabasqueños se inconformaron en contra de la nueva ley del ISSET -que en entró en vigor en diciembre pasado- porque habrá aumento gradual del cobro de cuotas de 8 al 16% hasta el 2018; aumento de 30 a 35 años de antigüedad para la jubilación en el caso de hombres y de 25 a 30 para mujeres, además de una aportación extra para que los padres de los trabajadores tengan derecho a seguridad social, entre otras medidas. Se estima que más de 3 mil 500 amparos en contra la referida ley fueron promovidos en grupo por burócratas inconformes, lo que implica unos 12 mil de forma individual, de acuerdo a abogados laboristas. En Tabasco existen más de 40 mil empleados del gobierno estatal y de los 17 municipios de la entidad, así como del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos. En enero pasado, el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Amet Ramos Troconis, denunció que el gobierno priista de Andrés Granier desapareció 460 millones de pesos de un fideicomiso del ISSET, lo que derivó en demandas penales en contra de presuntos responsables, entre ellos, la ex directora del ISSET y ahora diputada local del PVEM, Hilda Santos. Dijo que en 2012, último año del sexenio de Granier Melo, el ISSET no tenía fondos y el entrante gobierno de Arturo Núñez (en 2013) tuvo que subsidiar compromisos que existían en la institución. “Los fondos no los encontramos al inicio de la administración, desaparecieron. Ese recurso se tuvo y se le dio como a muchas otras cosas, un destino incierto”, acusó. De acuerdo a informes del ISSET, en 2012 erogó 526 millones para cumplir con el pago de pensiones y jubilaciones, monto que se incrementó a mil 200 millones en 2015, lo que representó poco más del 60 por ciento de los ingresos totales del Instituto. Con la nueva ley, los trabajadores tienen derecho a pensión por invalidez a partir de cinco años de cotización, no de 15 como en el viejo ordenamiento legal que estuvo en vigor 30 años, además que habrá un seguro de desempleo de dos meses a partir de la fecha de baja. También obtendrán créditos hipotecarios hasta por 20 años, para mantenimiento, ampliación, construcción o adquisición de vivienda, así como para la liquidación de gravámenes; y se garantizan las prestaciones médicas con mayor cobertura de atención y mejor calidad.