GUANAJUATO, Gto., (apro).- En dos procesos distintos, jueces penales en León y Dolores Hidalgo determinaron llevar a juicio al exgerente de la sociedad de ahorro Acremex, Gerardo Muñoz Campos, así como a Lidia Arvizu, quien fuera administradora de la caja Progresa en Dolores Hidalgo. Ambos son presuntos responsables de administración fraudulenta en perjuicio de miles de socios de ambas instituciones. En total, ambos tendrán que cubrir una garantía para la reparación del daño de los cientos de denunciantes por casi 862 millones de pesos. Mientras Muñoz Campos permanece preso en el Cereso de León, Arvizu seguirá el proceso en libertad, pero deberá firmar en la Policía Municipal. A la mujer se le prohibió acercarse a cualquiera de los mil seis denunciantes, todos ahorradores de Caja Progresa. El Poder Judicial del estado informó que en el caso de Gerardo Muñoz, quien durante dos décadas fungió como gerente de Acremex, el juez del caso determinó fijarle una fianza de 10 mil pesos, y 752.5 millones de pesos como garantía para reparar el daño. La Procuraduría de Justicia presentó suficientes elementos para acreditar su probable responsabilidad en fraude equiparado o administración fraudulenta en agravio de la Sociedad cooperativa de ahorro y préstamo Acremex, dentro de la causa penal 63/2016, por lo que el juez fijó las medidas señaladas. Muñoz Campos permanece en el Cereso leonés porque debe cubrir estos montos y no lo ha hecho. Lidia Arvizu, está sujeta al nuevo sistema acusatorio oral, por lo que en audiencia de imputación fue también vinculada a proceso como inculpada del mismo delito, esto en juzgado de Dolores Hidalgo. El juez determinó fijar una medida cautelar por reparación del daño de casi 109 millones de pesos a Arvizu, los cuales deberá cubrir en los próximos ocho meses, con plazo hasta el 29 de diciembre de este año. De acuerdo con los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia, Lidia Arvizu abrió varias cuentas en diversas instituciones bancarias con montos distintos, y posteriormente, las cerró una a una. El juez determinó suspenderla provisionalmente como administradora general o directora de Caja Popular Progresa o de cualquier otra asociación similar que pueda formar, directamente o a través de terceros. Incluso, se resolvió enviar un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Registro de la Propiedad y el comercio y al propio Poder Judicial del estado para notificar esta resolución. Lidia Arvizu deberá acudir dos veces al mes a la Dirección de Seguridad Pública de Dolores para firmar.