XALAPA, Ver. (apro).- El Colectivo en Defensa de la Universidad Veracruzana (UV) y académicos de esa institución educativa entregaron en la oficina del gobernador priista Javier Duarte más de 60 mil firmas de estudiantes, exalumnos, investigadores y de la sociedad civil en general, para exigirle liquidar a la brevedad los más de dos mil millones de pesos que adeuda a la institución. La académica Zaira Julieta Domínguez Esquivel detalló que las 60 mil 442 firmas fueron recabadas en dos meses mediante la plataforma Change.org. “La comunidad universitaria y la sociedad veracruzana o de otras partes del mundo, de la República, han estado firmado nuestra petición porque la consideramos justa. Como toda universidad pública”, dijo. En rueda de prensa y en posterior visita a la oficina donde despacha Duarte de Ochoa, los académicos señalaron que hoy la UV sufre de una “asfixia financiera” por culpa del gobierno priista quien ha retenido ministraciones estatales y federales sin explicación alguna. “La UV hoy sufre una crisis financiera por la falta de recursos que han dejado de transferirles del ejercicio fiscal 2013-2015”, reprocharon. En Veracruz, la rectora Sara Ladrón de Guevara y el Consejo General Universitario han señalado al gobierno estatal que debe dos mil 76 millones de pesos; de ellos, mil 635 millones corresponden al subsidio estatal y 451 mil pesos al subsidio federal, correspondientes a los ejercicios fiscales del 2013 y 2015. La crisis financiera en la máxima casa de estudios del estado ha frenado proyectos de investigación y la difusión cultural, toda vez que trabaja con el 50% por ciento del presupuesto. Se sabe que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ha caído en problemas de impago a la UV, pero también a otros poderes y órganos públicos desconcentrados. Por ejemplo, el Poder Judicial del estado reclama el pago de más de 500 millones de pesos por conceptos de recursos para afrontar el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, así como diversas obras de infraestructura para los juzgados y “unidades judiciales”. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) se queja mes con mes de que el gobierno de Duarte no deposita a tiempo sus ministraciones mensuales. Apenas el viernes pasado, empleados de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Alimentación (Sedarpa) tomaron las instalaciones estatales para recriminar el que no se les haya depositado la totalidad de su quincena. En su última comparecencia, en diciembre pasado, el titular de la Sefiplan Antonio Gómez, fijó la deuda del gobierno de Javier Duarte con proveedores, contratistas, empresarios y terceros institucionales en tres mil 468 millones 700 mil pesos. La cantidad es más del doble de lo reportado el año pasado por el extesorero Mauricio Audirac Murillo, cuyo pasivo fue de mil 492 millones. El gobierno de Duarte aumentó la deuda del gobierno en mil 976 millones de pesos en sólo un año, lo que significa un incremento de 120%. Durante su comparecencia ante diputados locales con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno de Duarte, Gómez Pelegrín aseguró que en el 2015 se pudieron pagar 10 mil 880 millones 400 mil pesos a proveedores y contratistas, “bajando de manera prudente el pasivo circulante”. Por dicho desorden financiero, en Veracruz jugadores profesionales del equipo Halcones Rojos y del extinto Halcones Xalapa han reclamado que el gobierno de Duarte les debe mensualidades y liquidación por prestación de sus servicios en la Liga Nacional Profesional de Baloncesto. Atletas de alto rendimiento y becarios de intercambio también han reclamado al gobierno de Duarte su pago. La semana anterior, integrantes de diversos grupos musicales compusieron la cumbia del señor gobernador, para recriminar que el priista Javier Duarte debe más de once millones de pesos a grupos que amenizaron fiestas patronales y eventos gubernamentales. En Veracruz la deuda global del gobierno de Duarte se estima en poco más de 45 mil millones de pesos. Un año antes Mauricio Audirac informó que la Tesorería de Veracruz sólo debía 643 millones 668 mil pesos a diversos agremiados de cámaras empresariales y proveedores, mientras que a contratistas se les debían poco más 849 millones de pesos.