COLIMA, Col. (apro).- El gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez pagará un millón 690 mil pesos a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) para que revise el manejo de las finanzas públicas durante los dos últimos años del sexenio de Mario Anguiano Moreno. Aunque el actual mandatario colimense señaló que la empresa contratada tiene “solvencia y reconocimiento internacional”, en realidad PwC se ha visto envuelta en los últimos años en escándalos luego de que el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) descubrió que más de 340 firmas trasnacionales contrataron a la compañía presuntamente para evadir cantidades millonarias de impuestos a través de sus filiales en Luxemburgo, entre 2008 y 2010. Según una serie de documentos dados a conocer en noviembre de 2014, consistentes en 548 cartas enviadas por los consultores de PWC a Mr. Kohl, titular de la Administración de las Contribuciones Directas de Luxemburgo, los asesores negocian “acuerdos fiscales” con diferentes gobiernos para que las filiales de sus clientes en el país –muchas veces son simples buzones fiscales– paguen tasas de impuestos inferiores a 1% sobre sus ingresos no-dividendos, según dio a conocer en su momento la agencia Apro. Entre los centenares de empresas involucradas se encuentran grandes bancos comerciales y financieros, compañías de seguros, empresas energéticas, agroalimentarias y maquiladoras, así como firmas especializadas en los sectores de salud y de venta, y consorcios mediáticos o tecnológicos de todo el mundo. El ICIJ reportó que a raíz de la divulgación de los documentos, la empresa sostuvo que los periodistas investigaban con base en material “robado” y “caduco”, y aseguró que los medios “no cuentan con un entendimiento completo de las estructuras involucradas”. Durante el anuncio de la contratación de PwC, José Ignacio Peralta señaló que con esa acción se da seguimiento a un compromiso más adquirido durante su campaña: “Llevar a cabo una revisión de los estados financieros a cargo de un despacho externo, con solvencia y reconocimiento internacional, de tal manera que se tenga absoluta confianza en sus dictámenes”. El gobernador recordó que en uno de los cinco ejes de su gobierno: “Orden y saneamiento de las finanzas públicas”, se comprometió a realizar dos decisiones ejecutivas: la emisión del “Decreto de austeridad” y la elaboración de un libro blanco de las finanzas públicas del estado, cuyo compromiso incluye realizar una revisión integral de la situación en que se recibió la hacienda pública. Indicó que el “Decreto de austeridad” es el más relevante y ambicioso de la historia de Colima, denominado “Reglas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público estatal”, en el cual establece como eje rector del gasto público la austeridad, la racionalidad y la disciplina en su ejercicio. “Quiero ratificar, como lo dije al inicio de la administración estatal, que los resultados de este libro blanco y la revisión financiera que lleve a cabo la firma PwC serán totalmente transparentes, sin letras chiquitas, pues todo estará disponible para que cualquier persona pueda consultarlo”, sostuvo el mandatario. De acuerdo con Peralta, si del resultado de la empresa PwC se encuentra algún tipo de anomalía, remitirá las conclusiones al Legislativo, poder que legalmente tiene la atribución para realizar las tareas de fiscalización de los recursos públicos, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el cual se encuentra facultado para formular las denuncias o querellas correspondientes. También explicó que PwC se enfocará a la revisión financiera y cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la revisión de los principales contratos de obra y adquisiciones; análisis al control y registro de los bienes muebles e inmuebles del gobierno del estado; revisión de cómo se aplicaron los fondos federales; revisión de pasivos no registrados, personal con mayor remuneración y observaciones de las autoridades fiscalizadoras que puedan representar una contingencia. El periodo que comprenderá esta revisión es del 1 de enero de 2014 al 10 de febrero pasado, y se tendrá un plazo de 100 días que se cumplen el próximo 21 de mayo. Presente en el acto del anuncio oficial, el socio líder del sector público de PwC, Germán Granados Iturriaga, señaló que la consultora ha colaborado y trabajado con entidades del gobierno federal como CFE, Pemex, ISSSTE; los gobiernos del Estado de México, Puebla, Campeche y Nuevo León, e instituciones como Fundación Teletón y Naciones Unidas, asesorando y revisando los fondos que destinan a diferentes países para los fines que ellos consideran relevantes en los diferentes fondos que tienen. No sólo en Europa ha tenido problemas la consultora PwC, sino también en Estados Unidos, donde según el New York Times fue señalada por haber "suavizado" un informe sobre el banco japonés Mitsubishi UFJ. La empresa, según el rotativo, no infringió alguna ley, pero no mostró la integridad ni los objetivos que se esperaban de ella. Así también, PwC tuvo que aceptar la prohibición, por dos años, impuesta a una de sus filiales de asesoría, de aceptar ciertos contratos con bancos neoyorquinos.