CUERNAVACA, Mor. (apro).- Alrededor de 11 familias de víctimas de desaparición en Morelos vieron violados sus derechos a la protección de datos personales, como lo establece las leyes locales y federales; pues de pronto fueron convocadas este lunes por la mañana a una reunión “privada” con la presidenta del DIF Morelos, Elena Cepeda de León, esposa de Graco Ramírez. Los funcionarios que convocaron a la reunión, lo hicieron a nombre del DIF Morelos, y les llamaron directamente a sus teléfonos celulares o de casa, datos que no obran en poder de ese organismo, y que las familias reconocen haber dado sólo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Así que dicha Comisión habría violado la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales de Morelos, al pasar esta información al DIF Morelos, sin el consentimiento previo de las familias. La reunión, según cuentan los familiares a este medio, se llevó a cabo ayer lunes, de manera privada, en las instalaciones del DIF Morelos. Comenzó a las 5 de la tarde y en ella participaron además de los familiares, la presidenta, Elena Cepeda de León; el titular de la Fiscalía General de Justicia, Javier Pérez Durón; y la coordinadora de la CEAV, Nadxelli Carranco Lechuga. No estuvieron ninguna de las comisionadas de la CEAV. Según las familias, fue un tanto “dispersa”, porque no quedó claro cuál era el objetivo. Además de que en la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos de Morelos, no contempla en ninguno de sus capítulos la participación del DIF. Sin embargo, las familias acudieron con curiosidad. Los participantes revelaron a este medio que en la reunión se habló de la necesidad de atender a las víctimas de manera personalizada y periódica, para así dar mejor respuesta a las problemáticas. La reunión fue conducida por Elena Cepeda, quien aprovechó el momento para “disculparse” con las familias por sus dichos del pasado 29 de marzo, cuando acudió a la inauguración de las oficinas de la CEAV. Hay que recordar que en esa ocasión se lanzó contra las comisionadas de atención a víctimas a quienes cuestionó por cobrar salario. Solicitó que esos recursos mejor se destinaran al DIF y que ellas, las comisionadas, deberían ostentar el cargo como honorario, como “verdaderas ciudadanas”. En esa ocasión también cargó contra Javier Sicilia a quien acusó, sin poder probarlo, de haber recibido 500 mil pesos del gobierno del estado para elaborar un libro en 2013. En la reunión de este lunes, Elena Cepeda aseguró que “no pensé lo que dije ese día. No quise decir eso, no quise lastimar”. De acuerdo con las familias que participaron, su actitud era totalmente distinta a la del pasado 29 de marzo. Más bien intentó mostrarse comprensiva y cercana a las familias. En la reunión, el fiscal Pérez Durón se comprometió a darle seguimiento a las carpetas de investigación, a que aquellas que estaban mal integradas de origen, que serían integradas de nueva cuenta; además de que ofreció montar mesas de trabajo para darle seguimiento personalizado a las familias. Además, se dijo a los familiares presentes en las instalaciones del DIF, que es posible realizar la reparación del daño hasta por un millón de pesos, y no de 300 mil pesos como ofrecen las comisionadas de la CEAV. Se dijo que se evaluarán los casos y que en las propias reuniones se determinaran las indemnizaciones para reparar el daño a las víctimas. Sin embargo, las familias están contrariadas, porque si bien efectivamente están buscando atención de parte del gobierno, particularmente de la CEAV y la Fiscalía, no entienden por qué el DIF es el organismo que ahora está “mediando” en este acercamiento. De hecho, el gobierno del estado emitió un comunicado de prensa en el que se asegura que fueron las víctimas las que solicitaron la reunión. “A solicitud de un grupo de víctimas del estado de Morelos, se realizó una reunión con Elena Cepeda, presidenta del Sistema DIF Morelos; Javier Pérez Durón, fiscal general del estado, y Nadxieelii Carranco Lechuga, coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, reza el documento. Se dice también que las víctimas expusieron su caso y que “pidieron a las autoridades dar un seguimiento puntual a las carpetas de investigación”. Además, se habría acordado “realizar reuniones mensuales para conocer los avances de cada uno de los procesos”. Este lunes se llevó a cabo el primer encuentro, pues algunos familiares acudieron a la Fiscalía para darle mayor seguimiento a sus casos, informaron fuentes de la dependencia. Además, se dice que en la reunión se ofreció apoyo “con medicamentos y transporte, se reclasificarán algunos delitos; se rastrearán carpetas extraviadas en los tribunales federales para que la fiscalía los atienda, así como se propondrá al Instituto de la Mujer el proyecto de una campaña preventiva para adolescentes y jóvenes con el tema de delitos sexuales”. No obstante, no se aclara por qué las comisionadas de atención a víctimas no fueron invitadas a la reunión, particularmente luego del desencuentro provocado por Elena Cepeda el pasado 29 de marzo en la inauguración de las oficinas de la CEAV. En este sentido, en entrevista, la comisionada Angélica Rodríguez, madre de la estudiante universitaria Viridiana Morales, desaparecida desde 2012, sostuvo que no entiende por qué ocurrió esta reunión, ni cómo fue convocada. Aseguró que el DIF no tiene facultades para ofrecer reparación del daño, pues para eso fue creada la Ley de Víctimas y de ahí derivó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Dijo que no ha podido comunicarse con la coordinadora Nadxelli Carranco, quien participó en la reunión, pero nunca les informó que ocurriría, ni les ha reportado lo que se dijo. “Lo que sabemos, lo sabemos por las familias que participaron, pero no porque se nos haya confirmado oficialmente”, afirmó. El problema, continúa, es que parece un intento más por hacernos a un lado, “como lo que pasó el 29, porque no tenemos los recursos para hacer las reparaciones y ahora resulta que ahí si van a hacerles la reparación del daño”, sostuvo. “¿Por qué en el DIF? ¿Por qué la intromisión? Es la segunda que ocurre en menos de una semana. No entendemos lo que está pasando. No tenemos problema con la señora (Elena Cepeda), pero tampoco es que vamos a permitir que nos hagan a un lado, pues tenemos una función para la que fuimos elegidas. Además, el DIF no tiene ninguna facultad para reparar el daño. Pero además, parece que se ha violado la Ley de Protección de Datos Personales, pues la información de la Comisión está siendo entregada a otras dependencias e incluso a personas de organizaciones, sin el consentimiento de las familias”, concluye la comisionada.