OAXACA, Oax. (apro).- Jorge Franco Vargas y Jorge Castillo Díaz, cuyas acciones llevaron a los gobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué al descrédito y hasta a los tribunales por violación a los derechos humanos y corrupción, ahora apoyan al candidato del PAN-PRD a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias. Y el llamado “candidato del gobernador”, lejos de deslindarse, justificó la presencia de ambos personajes en el inicio de su campaña. “Jorge Castillo y Jorge Franco son amigos, pero no forman parte de la campaña. He platicado con ellos, desde luego que sí, como he platicado con todos mis amigos y lo seguiré haciendo”, comentó. Incluso, salió en su defensa de los cuestionamientos y denuncias que existen contra sus “amigos” al retar: “quien tenga pruebas y no las presente, quiere decir que lo hace para llamar un capital político que no tiene, por lo que serán los tribunales quienes definan si son culpables o inocentes”. Franco Vargas fue el brazo ejecutor del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz para reprimir y desalojar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el 14 de junio de 2006. A las 04:30 horas de aquel día, un total de 886 elementos de la policía preventiva, organizados en siete grupos, irrumpieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras el zócalo de Oaxaca para desalojar a los maestros de la Sección 22 del SNTE. El saldo del operativo fue 143 personas lesionadas, de las cuales 102 eran policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles, así como ocho rehenes, según reveló el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su entonces secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas y el secretario de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, el operativo dio origen a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El conflicto sociopolítico se prolongó hasta el 29 de octubre con el ingreso de la Policía Federal Preventiva, que tuvo que sortear siete bloqueos y 13 barricadas. La SCJN documentó al menos 33 operativos con enfrentamientos con motivo de la resistencia civil que culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes en el cual fueron detenidas 139 personas. En todo ese periodo se detuvo a un total de 383 personas, de las cuales 221 les decretaron auto de libertad por falta de elementos. También se documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y nueve indirectos, además, de 87 lesionados entre ellos, 15 civiles, ocho periodistas, 62 elementos de la PFP y dos municipales. Según sus conclusiones, la SCJN determinó que “con motivo de los eventos existía la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales, incurrieron en violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”. Por su parte, Jorge Castillo Díaz, exsecretario particular y operador político de Gabino Cué, fue denunciado en agosto de 2015 ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito al amasar una fortuna superior a los dos mil millones de pesos y adquirir propiedades en Estados Unidos y la capital del país. En esa ocasión, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya manifestó que ante el silencio omiso o cómplice del gobernador Gabino Cué decidió “dar un salto a la PGR” para denunciar a quien dice ser el “mandamás” del gobierno aliancista. La denuncia de hechos en contra del “intocable Jorge Coco Castillo” la presentó el 25 de agosto y la recibió de procuradora Arely Gómez. En el documento es acusado de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y demás que se configuren en contra de la hacienda federal y estatal. El legislador pidió “a la PGR que investigue a Jorge Castillo por qué una persona que dice ser columnista en la revista Forbes de México y consultor político y de desarrollo sustentable ha amasado desde 2010 una fortuna de más de dos mil millones de pesos”. Además, agregó, “alguien que compra propiedades en Malibu California en Estados Unidos y en las Lomas de Chapultepec en la capital del país, a costa de la pobreza existente en el estado y lucrando con la obra pública, no tiene escrúpulos y merece ser castigado con todo el peso de la ley”. Castillo Díaz también ha sido acusado de filtrar grabaciones de sus contrincantes y de operar para imponer candidatos en todos los partidos políticos. Pese a estos antecedentes, el candidato a gobernador expriista Estefan Garfias dejó abierta la posibilidad de incluir a Jorge Franco Vargas y Jorge Castillo Díaz en su gobierno en caso de ganar la elección del próximo 5 de junio. “Aún no he pensado en el gobierno y en el gabinete, lo que pensamos quienes integramos éste equipo de campaña, es en ganar y luego la conformación del gabinete”, respondió a la pregunta de que si los incluiría en su administración en caso de ganar.