MONTERREY, NL (apro).- El Congreso de Nuevo León aprobó, por mayoría, demandar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que cese al subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales Santos, debido a que no aclaró la demanda que hay en su contra por despojo de 6 millones de dólares, que indebidamente habría cobrado por honorarios. Los legisladores acordaron también pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información para verificar si el funcionario estatal saldó en México el respectivo pago de impuestos por la cantidad recibida, pues, al parecer, el dinero fue entregado en Estados Unidos y no entró al país. El pronunciamiento conjunto de los legisladores es originado tras la revelación de que Canales enfrenta desde hace años un juicio por la demanda que presentó en su contra Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, a quien el ahora funcionario nuevoleonés representaba. La afectada demandó al litigante y ahora zar anticorrupción, debido a que la empresa Televisa, del magnate de las telecomunicaciones, le habría dado los 6 millones de dólares, cantidad que se agenció su entonces representante legal, como el mismo demandado reconoció en su comparecencia el lunes en el Congreso Local. El punto de acuerdo fue presentado por el priista Héctor García García, con quien ayer tuvo una tensa discusión con el subprocurador, pues supuestamente éste lo amenazó, advirtiéndole que lo investigaría debido a que era aún más corrupto que él. “Sin duda alguna, cuando el prestigio y la honorabilidad de un funcionario público se ven puestos en duda, desde ese momento vale la pena reflexionar sobre su permanencia, más aún cuando dicho servidor público reconoce que efectivamente aquello que se le señala, es completamente cierto”, dijo el legislador. Recordó que en la comparecencia del lunes, Canales Santos aceptó que había recibido el pago de honorarios en el extranjero, lo que le ocasiona un problema legal de carácter fiscal. “Creemos que tales honorarios no fueron declarados ante la Secretaria de Hacienda como ingreso por la prestación de servicios profesionales, lo cual implicaría una evasión fiscal. Además queda la duda sobre si fue omiso en su declaración patrimonial ante la Contraloría del Estado, obligación que por ley debemos cumplir todos los servidores públicos”, expuso. El priista también pidió a la Contraloría del estado que informe si el subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción del Estado incluyó el dinero en disputa en su declaración patrimonial. Por su parte, el panista José Arturo Salinas Garza afirmó que el funcionario viola la Ley del Servicio Civil del Estado, en su Artículo 98, fracción IV, que señala que una persona procesada y acusada por fraude está inhabilitada para ejercer el cargo. “Lo grave es que el señor viene y lo presume, que está persiguiendo, que está investigando actos de corrupción. Pero si hay algún procedimiento en contra de algún funcionario y todo lo que él avance, queda sin efecto, si a él, en los procesos que tiene abiertos le cae una sentencia en su contra que lo inhabilite”, enfatizó. Citó también la Ley del Servicio Civil del Estado, que en su Artículo 39 señala que puede ser cesado un funcionario si por falta de honradez, imprudencias, descuidos o negligencia puede poner en riesgo la seguridad de la dependencia donde presta sus servicios.