Representantes de empresa de exfuncionario de Pemex evaden demandas laborales

martes, 5 de abril de 2016
CAMPECHE, Camp. (apro).- Requeridos por la Secretaría del Trabajo para negociar el pago de las liquidaciones de más de un centenar de trabajadores despedidos injustificadamente, los representantes de la Comercializadora Petrolera del Golfo, propiedad de los familiares de Mario Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), se esfumaron. El pasado 1 de abril, empleados de la compañía contratista constituida hace nueve años cuando Ávila Lizárraga ocupaba el estratégico cargo en Pemex –desde el que fue involucrado en el caso Oceanografía– acudieron a la delegación de la Secretaría del Trabajo a denunciar el despido súbito e injustificado de 105 de ellos, así como los abusos bajo los que se les hacía laborar. La empresa es propiedad de Miguel Ángel Maldonado Rullán y su hijo Daniel. Como apoderado legal figura Sergio Gutiérrrez Rullán, primo del primero y cuñado de Ávila Lizárraga. Según los trabajadores afectados, la compañía opera en Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas,Tabasco y Veracruz, pero tiene su matriz en Ciudad del Carmen, aunque ellos laboran en los talleres instalados en el puerto de Seybaplaya, municipio de Champotón. Tras el caso Oceanografía, Ávila Lizárraga fue inhabilitado el año pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades que se le detectaron a su gestión como funcionario de Pemex, entre éstas la firma de contratos con esa naviera de su amigo Amado Yáñez Osuna. Las investigaciones que el gobierno de Enrique Peña Nieto inició en contra del también excandidato del PAN a la gubernatura alcanzaron además a su esposa Maribel Gutiérrez Rullán, quien figuraba como apoderada de la compañía Grupo Empresarios del Sureste. Se trata de contratista que recibió un contrato por 422 millones 479 mil 928 de Pemex. En la reunión que sostuvieron el pasado viernes con la delegada de la Secretaría del Trabajo Rita del Río Ávila, se acordó que ayer lunes se efectuaría una inspección extraordinaria a los talleres de la empresa en Seybaplaya y hoy se instalaría una mesa interinstitucional a la que asistirían representantes del IMSS, el Infonavit y de la compañía. No obstante, la funcionaria aclaró hoy que la inspección programada no se pudo efectuar porque la instalación “se encontró desierta” y sólo había un vigilante. La funcionaria añadió que a la mesa interinstitucional no acudieron los representantes de la empresa pues el sitio donde se suponía estaba su domicilio fiscal se encontró vacío y con un anuncio de que se renta. “Hasta ahora no los hemos podido localizar, sin embargo, en el cruce de la información que tienen el IMSS y el Infonavit cotejaremos si pudieran tener registrado alguna otra dirección donde podamos notificarles”, añadió. Asimismo, reveló que en la reunión resultó que la empresa opera por lo menos dos outsourcing entre los que tenía repartidos al personal, uno de ellos es Kaf Procesos, pero en el caso del otra aún se desconoce su razón social. Del Río Ávila comentó que se programó una nueva reunión institucional para la semana próxima con el fin de que cada parte pueda presentar los avances de lo que les corresponde para definir la situación específica en la que se encuentra cada uno de los trabajadores afectados por la empresa. Entre otras arbitrariedades, los trabajadores despedidos denunciaron que además de sus liquidaciones se les adeudan sus salarios desde hace dos meses. Contaron que estaban dados de alta ante el IMSS con el salario mínimo pese a que no era el monto real de lo que ganaban. Incluso, carecían de prestaciones como el Infonavit y el Fonacot. También revelaron que los hacía trabajar sin equipos de protección y que en reciente inspección de la Secretaría del Trabajo se detectó que la empresa incumplía con 219 puntos de seguridad e higiene. La semana pasada Jesús Martínez Lozano, jefe de talleres de la compañía, dijo que sólo en las instalaciones de Seybaplaya han llegado a laborar hasta 500 trabajadores. Luego cuestionó: “¿cómo es posible que pase desapercibida esta empresa? Hasta ahora ninguna autoridad ni federal ni estatal ni municipal la ha volteado a ver. Genera problemas de todo tipo y ¿cómo es posible que nadie la voltee a ver, que nadie vaya?”. “Corrupción… Exigen, exigen, exigen y no quieren cumplir. ¿Por qué? Debe ser un vínculo”, reflexionó. El representante de los trabajadores destacó que los propietarios de la compañía desde siempre los han maltratado. “De indios o pendejos no nos han bajado nunca”. Ejemplificó con el caso de un ingeniero local al que le quieren pagar de dos mil a tres mil pesos, “mientras que a los que traen de fuera les llegan a pagar hasta 50 mil pesos”. Las arbitrariedades son más: “Nos hacen trabajar descansos o toda la noche, con la promesa de pagarnos horas extras, pero al día siguiente nos obligan a tomar un descanso de ocho horas a cambio de no pagarnos. Las liquidaciones que en otras ocasiones han pagado están totalmente fuera de derecho, dan lo quieren, cuando quieren y como quieren”. Martínez Lozano comentó: “sabemos que tienen dinero para pagar, que en el caso de esta empresa Pemex está al día en sus pagos. Los dueños reciben recursos millonarios por los contratos que tiene con Pemex y además le trabajan a otras empresas contratistas de la petrolera… quieren que trabajemos gratis”. El líder laboral lanzó un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que “volteen a ver a esta empresa y nos ayuden a resolver nuestra situación”. Y es que, denunció que trabajadores de esta compañía están a bordo de una plataforma “vieja, inservible, que el dueño le compró a Neyborg, la están reparando, pero están haciendo trabajar a la gente en condiciones infrahumanas”. Peor aún, explicó que los trabajadores suben en forma clandestina por la playa, “están sin luz, sin agua, cocinando con carbón, en una plataforma que era de perforación y que nunca se inspeccionó si hay gases tóxicos. No tienen luz a bordo ni ningún tipo de señalamiento; en cualquier momento alguna embarcación puede impactarse ahí en la noche y nadie ha hecho nada, ni la capitanía de Puerto, ni la Secretaría de Marina, ni la Semarnat, ni nadie”. “¿Cómo es posible que nadie, ninguna autoridad se dé cuenta de lo que pasa?”, insistió. Ante los reclamos, la delegada de la Secretaría del Trabajo Rita del Río Ávila informó que acordó con los trabajadores iniciar una inspección extraordinaria a la empresa el próximo lunes 11 de abril y al día siguiente instalar una mesa interinstitucional a la que serían convocados los representantes de la empresa.  

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