CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirarle el registro a José Guillermo Fabela Quiñones, candidato de Morena al gobierno de Durango, por no haber presentado a tiempo sus reportes de gastos de campaña como precandidato. La decisión fue criticada por los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif, quienes dijeron que no se respetaron los argumentos de Fabela, quien resaltó que no estaba obligado a presentar dicho reporte porque no era el candidato oficial. El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, también salió en defensa del aspirante a la gubernatura duranguense, y aseguró que hay una doble violación a sus derechos humanos porque no se valoraron sus explicaciones y porque se presentaron 64 días después de los plazos que marca la ley electoral. “Me parece un absurdo jurídico porque, ya lo apuntaba la consejera Pamela, el objeto de una garantía de audiencia es regresar al estado que permita la correcta defensa, y aquí lo que se está diciendo es: sí te doy la defensa, pero como es 64 días después, pues ya no hay posibilidad. Eso desde mi punto de vista es una violación a la propia garantía de audiencia, es más, creo que se está incumpliendo la sentencia del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación”, subrayó. Además, agregó, quitarle la candidatura a Fabela es violatorio de los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano sobre el derecho básico y fundamental de votar y ser votado. “Sostenemos que esta acción es ilegal, que esta acción no guarda congruencia con el texto constitucional y con los textos en materia de derechos humanos, y nuevamente pareciera que se quiere adaptar un modelo de fiscalización para obligar, en este caso a Morena, a reconocer que Guillermo Fabela estaba siendo o haciendo actividades de precandidato”, agregó. La consejera San Martín expresó su desacuerdo con la medida porque, explicó, Fabela entregó su informe de gastos de precampaña cuando se le requirió, pero ya habían finalizado los plazos legales. “En ese sentido, no opera la sanción de pérdida o negativa del derecho a registrarse, sino una sanción económica por haber una falta al haberse presentado extemporáneamente el informe de gastos de precampaña”, indicó. El consejero Benito Nacif compartió el argumento de San Martín, dado que –sostuvo– se trató de una entrega extemporánea. Consideró insuficiente la idea de que al ser precandidato tenía las obligaciones y derechos que dicta la ley, cuando no tuvo ese estatus ni se registró.