Exigen a El Bronco cese del titular de Desarrollo Sustentable por conflicto de interés

viernes, 8 de abril de 2016
MONTERREY, NL (apro).- El activista Ernesto Cerda Serna exigió al gobernador Jaime Rodríguez Calderón que separe de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a su socio Roberto Russildi Montellano, debido a que ello genera un conflicto de intereses y, por tanto, la ley le impide desempeñar un cargo público. Al revivir la polémica que acompaña a El Bronco desde su toma de posesión, Cerda recordó que antes de integrarse a la administración nuevoleonesa, Russildi era constructor y directivo de la empresa Javer, uno de los desarrolladores de vivienda más grande de México, donde posee el 2% de acciones. El rector de la asociación civil Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide) exhibió una copia certificada de la escritura pública 40853, expedida el 16 de octubre de 2012 por el notario 111 Javier Leal González. [caption id="attachment_436422" align="alignnone" width="702"]La escritura pública 40853. La escritura pública 40853.[/caption] En ella se hace constar que Jaime Rodríguez Calderón y Roberto Russildi Montellano le compraron en partes iguales a Francisco Gutiérrez Hernández un predio de 15 hectáreas en la comunidad Garzas y Capellanía, del municipio de García, con valor de un millón 100 mil pesos. Cerda advirtió que si el gobernador decide dejar en la secretaría al copropietario, la próxima semana promoverá un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo para demandar que Russildi Montellano abandone el puesto, porque violenta el Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. En el punto XIII de la Ley se señala que los servidores públicos deben “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para su cónyuge o parientes consanguíeneos hasta el cuarto grado. “O por afinidad o civiles hasta el segundo, o para terceros con los que se tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. Sobre el mismo asunto, el punto XVII de la Ley señala que debe “abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII”. En entrevista, Cerda señaló que la relación que hay entre Russildi Montellano y Rodríguez Calderón genera numerosas sospechas, pues indica que pueden obtener dividendos de sus posiciones. “Esto establece un conflicto de intereses, porque es claro que puede derivarse, primero, la posibilidad de un beneficio. Pero además el nombramiento contraviene la ley, porque no puedes nombrar como funcionario a alguien que sea tu socio o copropietario, sobre todo en el puesto donde está Russildi, que es el que maneja el urbanismo del estado”, destacó en entrevista. En octubre del 2015, cuando el mismo activista hizo la respectiva denuncia, El Bronco reconoció que sí había adquirido el terreno junto con el funcionario, quien es públicamente reconocido como su amigo, y aseguró que dividiría el polígono para evitar problemas. Y para desmarcarse de su relación con Russildi, el gobernador precisó que no eran socios, sino “copropietarios”. El rector del Incide comentó que primero le pedirá al mandatario que separe de su puesto al funcionario constructor, pero si no atiende la demanda, dijo, promoverá un juicio para obligarlo a que lo haga, y si se comprueba que el nombramiento fue ilegal, las decisiones que haya tomado hasta ahora el secretario serán nulas por un vicio de origen, lo que le generará al estado un problema grave. “Damos oportunidad de que rectifique, pero si no lo acepta, promoveremos un juicio de lo Contencioso Administrativo, donde pediremos la remoción del funcionario debido a una serie de irregularidades. Hay que recordar que estos juicios los puede entablar un ciudadano que no está de acuerdo con una decisión de la autoridad. Este Tribunal dilucida las desavenencias que se dan entre el ciudadano y el Estado. Ahí iremos en primera instancia”, concluyó.

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