CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que será a finales de este mes cuando estén listas las “nuevas fosas comunes”, en las que se depositarán los cuerpos que se encuentran actualmente en las fosas clandestinas ubicadas en el predio El Maguey, de la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla. Las “nuevas fosas” se están terminando de construir, según lo informó el ayuntamiento de Cuautla, en un panteón privado denominado Jardines del Recuerdo, ubicado sobre el periférico de esa ciudad. Dado que es “el único lugar que cubre con los requisitos de ley y cuenta con concesión para la inhumación de cuerpos por 20 años”, informó el fiscal Javier Pérez Durón. Dijo que la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal está construyendo las “nuevas fosas” y que se calcula que será a finales de este abril cuando podría realizarse la exhumación de los cuerpos de las fosas clandestinas de Tetelcingo a las tierras de Jardines del Recuerdo. Este espacio fue el único además, que fue ofrecido en este caso, por el propio ayuntamiento de Cuautla. “Tenemos un 80 por ciento de avance en esta dignificación de las gavetas, que es lo que estamos esperando y es lo que nos ha estado atrasando. El proceso desgraciadamente se tiene que llevar a cabo de unos procesos que nos han retardado un poco pero ya está, ya está (trabajando) la Secretaría de Obras. Si quieren luego los invito para que vayamos de manera conjunta y veamos los avances de estas obras de un 70-80 por ciento, yo creo que en unas tres semanas podemos ya empezar con el procedimiento”, aseguró. Dijo que todos los procesos, en este caso, el de exhumación, toma de nuevas muestras biológicas para la identificación genética y la posterior re-inhumación en las nuevas fosas, estarán a cargo de la Fiscalía de Morelos, en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR), negando con esa declaración lo que unas 37 organizaciones de víctimas de varios estados de la república han solicitado, que en el proceso de identificación participen la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el grupo de peritos argentinos. “Recordemos que las carpetas de investigación las tenemos nosotros, y somos nosotros los que queremos sacar los perfiles genéticos pero vamos a pedir la colaboración de la PGR y desde luego de otras instituciones, de las asociaciones (de familiares de víctimas). No tenemos ningún problema, lo que queremos es transparencia en este asunto”, aseguró. No quiso entrar en polémica, pero no descartó abiertamente a la UAEM, que inició el pasado 27 de marzo la recolección de pruebas genéticas de 25 familiares de víctimas de desaparecidos de diversos estados de la república. Tácitamente dejó de lado esta posibilidad, pues afirmó que la Fiscalía estatal es la única institución que cuenta con los equipos para poder realizar estos procesos. Los antecedentes Proceso ha dado seguimiento al tema de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia de Morelos desde el momento en el que salieron a la luz, en noviembre de 2015, después de que la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, comerciante secuestrado y asesinado en mayo de 2013, quien a pesar de estar plenamente identificado, fue inhumado clandestinamente con otros 150 cuerpos en fosas ubicadas en el poblado de Tetelcingo, al norte de Cuautla. De acuerdo con la denuncia y el video que fue publicado en el portal proceso.com.mx, en diciembre de 2014, 150 cuerpos fueron exhumados por personal de la Fiscalía, hasta encontrar el cuerpo de Oliver Wenceslao, para ser entregado a su familia. Desde entonces a la fecha, Proceso ha publicado documentos de la propia Fiscalía en la que las cifras del número de cadáveres no está claro, pues unos documentos hablan de 118, otros más de 150. Esta información provocó que el fiscal Pérez Durón debiera comparecer ante el Congreso ya en dos ocasiones, en las cuales no ha podido explicar cómo es posible la violación de los protocolos y leyes de la materia. Amalia y María Concepción Hernández, tía y madre de Oliver Wenceslao, debieron acudir a una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Plascencia, quien decidió atraer el caso y desde entonces se encuentra en proceso para posiblemente emitir una recomendación. En tanto, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, publicaron una carta dirigida al gobernador Graco Ramírez y al presidente Enrique Peña Nieto, para exigirles que tomaran las medidas necesarias para exhumar los cuerpos y practicar exámenes genéticos y de identidad, para comprobar si están o no ahí sus familiares. Hace unos días, esas mismas organizaciones asistieron a Morelos, el pasado 28 de marzo, Día Estatal de las Víctimas, para exigir que sea UAEM la que se encargue de exhumar e identificar los cuerpos que se encuentran en las fosas clandestinas de la Fiscalía, ubicadas en Tetelcingo”. Los familiares advirtieron que no permitirán que fiscalía estatal intervenga en la exhumación, toda vez que, acusaron, los mismos funcionarios que cometieron “el crimen” de inhumar ilegalmente esos cuerpos en 2014, “continúan en la dependencia. La Fiscalía (de Morelos) no puede ser juez y parte, por eso, deben ser peritos independientes los que comprueben la identidad de los cuerpos”.