Repudia el Frayba ratificación de sentencia contra matrimonio tzotzil

miércoles, 11 de mayo de 2016
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Magistrados de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del estado ratificaron este miércoles la sentencia de ocho años de prisión, por el delito de homicidio, en contra de los indígenas tzotziles Margarita Gómez López y David Hernández Gómez quienes, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fueron víctimas de tortura, privación arbitraria de la libertad y violaciones al debido proceso. El Frayba dijo hoy que los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, ignoraron todas las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los indígenas que se encuentran en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 varonil y femenil, respectivamente, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, donde enfrentan un proceso ilegal e injusto desde el 24 de abril del 2014. El Centro de Derechos Humanos documentó que a Margarita y David se les detuvo sin presentarles orden de aprehensión, sin flagrancia ni motivos de urgencia, por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público de Distrito Altos con residencia en Teopisca, a cargo de Pedro López Girón. Ambas personas fueron torturadas por elementos de la Policía Especializada de Chiapas en las instalaciones del MP de Teopisca y de la Fiscalía de Distrito Altos, en San Cristóbal de las Casas, desde el momento de su ilegal detención y durante su traslado; luego se les obligó a firmar una declaración autoinculpatoria bajo tortura, poniendo sus firmas y huellas digitales en documentos de los que desconocían el contenido, pues no saben leer ni escribir y no tuvieron acceso a un defensor ni a un intérprete de su confianza. Margarita Gómez López y David Hernández Gómez tienen siete hijos, la mayoría menores, quienes se encuentran en desamparo y desarraigo desde hace dos años. Para el Frayba, la sentencia condenatoria vulnera también derechos humanos de los menores y reproduce la discriminación y desigualdad en el sistema de procuración y administración de justicia en la entidad.

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