Vinculan a proceso a exfuncionarios de Salud en Campeche por desvío de 600 mdp

sábado, 14 de mayo de 2016
CAMPECHE, Camp. (apro).- En una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, en la que la parte defensora apuntaló la estrategia de la fiscalía, el exsecretario y exadministrador de Salud, Alfonso Cobos Toledo y Miguel Duarte Reyes, recibieron hoy auto de vinculación a proceso para responder por el desvío de casi 600 millones de pesos. Ambos exfuncionarios fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado el pasado día 9 y consignados por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido de servicio público en pandilla ante la juez Segundo de Sistema Penal Acusatorio y Penal, Ana Concepción Gutiérrez Pereyra. Al vencer hoy la duplicidad del plazo solicitado por la defensa para resolver la situación jurídica de los indiciados, la juzgadora ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva no oficiosa por seis meses solicitada por la fiscalía para la investigación complementaria. Por tanto, los dos permanecerán en prisión hasta el 14 de noviembre próximo, fecha en que iniciará la etapa intermedia del proceso. No obstante, al final de la audiencia se anunció que en el caso de Cobos Toledo un juzgado de Distrito aceptó la solicitud de amparo tramitada por su defensa en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que de resolverse a su favor ésta podría ser modificada. Cobos y Duarte fueron denunciados el pasado 20 de abril por el subdirector de Asuntos Jurídicos y apoderado legal del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (Indesalud), Félix Villanueva Sélem, dando pauta a la carpeta de investigación C.I-2-2016-334. Cobos Toledo fungió como secretario de Salud y al mismo tiempo como director general del Instituto Descentralizado de Salud (Indesalud) de 2012 a 2015, es decir, durante la segunda mitad del sexenio del exgobernador Fernando Ortega Bernés, actual embajador de México en Paraguay. Duarte fue director administrativo de ambos entes durante todo ese sexenio. A los dos se les acusa de no haber reportado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las retenciones aplicadas a los trabajadores de la dependencia por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante cuatro años -2012, 2013, 2014 y 2015- cuyo monto total ascendió a 422 millones 52 mil 968.17 millones de pesos, sin recargos ni actualizaciones. Con recargos y actualizaciones la cifra aumentó a 591 millones de pesos, que la presente administración que encabeza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas tuvo que cubrir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según el argumento de la fiscalía, el daño patrimonial que presuntamente causaron al estado y al Indesalud estriba además en que con la contratación de más personal aumentaron también las retenciones y el monto que el actual gobierno tuvo que pagar. De acuerdo con la defensa de los imputados, los recursos no fueron saqueados sino canalizados al pago del personal que debieron reclutar para la operación del hospital de Oncología y de los centros hospitalarios de Calakmul, Atasta y Escárcega, entre otros, para lo cual no hubo presupuesto ni respuesta pese a que en 2012 se solicitó por escrito. Dicho oficio fue incluido por la defensa como evidencia en una carpeta que no fue revisada por la juzgadora, que determinó que los dos exfuncionarios incurrieron “continuadamente y con dolo”, porque “eran concientes” de lo que hacían, con el desvío de los impuestos retenidos a los trabajadores. Los defensores argumentaron que los imputados no causaron daño patrimonial ni al estado ni al Indesalud en virtud de que por la naturaleza de la dependencia sus bienes son inembargables, y por tanto nunca estuvieron en riesgo, y destacaron que en cambio privilegiaron los servicios médicos a la población “que es un derecho humano”. Esa infraestructura hospitalaria fue construida e inaugurada por el gobierno del expresidente Felipe Calderón, en el sexenio de Jorge Carlos Hurtado Valdez, antecesor de Ortega Bernés y actual contralor interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Pero tocó a Ortega Bernés echarlos a andar en forma. Al ser llamado a testificar, el subdirector jurídico de la Secretaría de Salud e Indesalud, Félix Villanueva Sélem, quien por cierto declaró que carece de cédula profesional, dijo que la dependencia enfrenta una deficiencia presupuestal causada por ambos imputados por la contratación de personal no presupuestada. Señaló que aunque en el acta de entrega-recepción a la presente administración, que entró en funciones el pasado 15 de septiembre, Cobos informó que no se habían reportado al SAT la retención de impuestos de los trabajadores por más de 300 millones de pesos, los funcionarios entrantes se percataron de ello hasta noviembre. La segunda testigo, Marcela Isabel Mier Uc, jefa del departamento de Contabilidad del Indesalud desde 1998, quien fue citada por la defensa y tampoco posee cédula profesional, reconoció que estaba enterada del desvío de recursos y que estos se hacían por indicaciones de Duarte y Cobos. Aseguró que ella hizo saber a Duarte y Cobos las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en torno a la falta de pago de los impuestos de los trabajadores. Sostuvo que tenían conocimiento pero continuaron con la omisión. El tercer testigo, llamado también por la defensa, fue Miguel Ángel Ihuit González, subdirector de Recursos Humanos de la dependencia desde 2004, quien dijo que por referencia de Duarte se enteró que desde 2011 se incurría en esa práctica. En ese año, previo a la elección presidencial y a los comicios intermedios, fungía como secretario de Salud Enrique Iván González López, a quien Ortega Bernés mantuvo en ese cargo y lo hizo alcalde de El Carmen al año siguiente pese a que fue inhabilitado diez años por la Secretaría de la Función Pública que lo acusó de encabezar una “banda de corrupción” al interior de la Semarnat, de la que fue delegado en la entidad en sus tiempos de panista. El cuarto testigo de la defensa, Alfredo Argüeyes Ma, auditor independiente contratado por el Indesalud, dijo que auditó las cuentas de la dependencia de 2012 a 2015 y declaró que encontró irregularidades por 422 millones de pesos, que con actualizaciones y recargos al 31 de marzo pasado ascienden a 591 millones de pesos. Después de su intervención, ese testigo fue llamado por la fiscalía como su auxiliar en la audiencia, pues no se contaba con asesor fiscal pese al caso es de esta índole. Según dijeron a la juez, para la investigación complementaria, la Fiscalía General del Estado contratará los servicios externos de un especialista en la materia porque carece de uno en la institución. El último testigo, también presentado por la defensa, Antonio Pacheco Arévalo, contador público con maestría en impuestos y auditor de la Secretaría de Salud, sostuvo que en este caso no hay daño patrimonial al Indesalud y recordó que la secretaría de Salud estatal no se adhirió al convenio de coordinación fiscal con la Secretaría de Hacienda establecido en 2008. El convenio que partía de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008 consiste en acceder a condonaciones, “siempre y cuando se trata de créditos fiscales firmes”. Dijo que no se hizo porque lo tenía que haber firmado el gobierno del estado, no la secretaría de Salud. Ese año, por cierto, el gobernador era Hurtado Valdez, contador público de profesión, y el secretario de Salud era el mismo que repite en el cargo ahora en este gobierno, Álvaro Arceo Ortiz. Reconoció que con el desvío de los recursos fue para dar prioridad al derecho a la salud y de ello estaban enterados desde González López “hasta el secretario de Salud federal”. Felipe Calderón tuvo dos secretarios de Salud, José Ángel Córdova Villalobos y Salomón Chertorivsky. La defensa insistió a la juez que se declare incompetente porque en todo caso, por tratarse de desvío de los impuestos, el delito que se les imputa a ambos exfuncionarios sería de índole federal, y que lo correspondiente a 2013 está siendo auditado por la SHCP. No obstante, esta determinó que el caso sí es de su competencia y los vinculó a proceso.

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