CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores clasificó como reservada la información relacionada con la compra irregular de armamento al Ejército hecha con recursos federales, destinado para el tema de seguridad en 2014 y que fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Incluso, el área de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas (Sefina) indicó que ni siquiera existen antecedentes de procedimientos licitatorios o contratos sobre el armamento y una camioneta blindada comprada también de forma irregular, informó la dependencia estatal a Apro vía acceso a la información pública. A principios de marzo, esta agencia dio a conocer el resultado de un informe de la ASF emitido en noviembre pasado donde se determinó que el gobierno estatal utilizó durante 2014 y 2015 los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), para realizar una compra irregular de armamento que involucra al Ejército en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y de contratos millonarios a empresas particulares sin licitar. La revisión del órgano fiscalizador se enfocó en 235 millones 902 mil 100 pesos del FASP transferidos por la federación en 2014 y que fueron ejercidos durante la administración encabezada por los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, que se caracterizó por los constantes señalamientos de presuntos actos de corrupción, nepotismo y realizar negocios al amparo del poder. Al respecto, la ASF detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública federal por un monto de 19 millones 802 mil pesos, cifra que representa el 10.9% de la muestra auditada, debido a que las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar el gasto, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron preceptos de normas federales. Entre las irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto de los recursos del fondo federal destaca una compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde el gobierno de Guerrero destinó 11 millones 689 mil 300 pesos pero el auditor sólo constató equipo bélico correspondiente a dos millones 777 mil 400 pesos. La revisión documental de las partidas genéricas denominadas “Materiales de seguridad” y “Equipo de defensa y Seguridad”, constató dos pagos a la Sedena, uno por un millón 868 mil 400 pesos y el otro de nueve millones 820 mil 900 pesos respectivamente por concepto de adquisición de armas, municiones y cargadores. No obstante, indica la ASF, la entidad recibió una tercera parte de las armas pactadas y se detectó que las autoridades estatales “no cuentan con documentación comprobatoria” del gasto por ocho millones 911 mil pesos que presuntamente recibió el Ejército. “Lo anterior impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública”, señala el informe de la auditoría. En la partida “Vehículos y equipo terrestre” se ejerció un millón 598 mil pesos para la compra de una camioneta blindada destinada para el uso del titular de la SSP en turno donde sólo el monto del blindaje costó 854 mil 900 pesos. Este concepto no fue autorizado en los lineamientos del fondo pero además la auditoría constató que los recursos públicos se ejercieron mediante un contrato por invitación a una empresa privada y las autoridades no acreditaron legalmente la adjudicación. En respuesta a solicitudes de información realizadas por Apro, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el contrato sobre el caso de la compra irregular de armamento que involucra al Ejército fue clasificado como reservado. “La información solicitada es considerada como reservada en virtud de que la documentación requerida compromete la seguridad pública vulnerando el desempeño de las funciones encaminadas a la preservación del orden y la paz públicos”, indica un oficio fechado el pasado viernes 29 de abril y firmado por la titular de la unidad de Transparencia de la SSP, Azalia Hernández García. También, la dependencia involucrada en esta irregularidad clasificó como reservada la causa por la que el material bélico llegó incompleto argumentando que está información forma parte de una investigación administrativa iniciada por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, que se encuentra en proceso y pendiente de resolución, indica la respuesta oficial. Por ello, este caso permanecerá en esa calidad, hasta que se resuelva en definitiva o cause estado. Por su parte, la Sefina respondió que en el caso de la compra de armas al Ejército y la adquisición de una camioneta blindada de forma irregular, no existen antecedentes de procedimientos licitatorios al respecto. De esta forma, el gobierno de Astudillo niega la información sobre los funcionarios responsables de incurrir en irregularidades detectadas por la ASF que fueron calificadas como presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal que provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia contra el combate a la delincuencia en Guerrero.