COLIMA, Col., (apro).- Catorce meses después de que la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, ordenó el desalojo de un grupo de periodistas de las instalaciones de ese organismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) recomendó al Consejo General de ese organismo que “se ofrezca una disculpa pública, institucional y adecuada” a las víctimas, bajo el argumento de que se violaron sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. El hecho ocurrió en el contexto de la campaña del proceso ordinario de elección de gobernador del estado, la noche del 17 de marzo de 2015, durante una diligencia en la que el candidato del PAN a gobernador, Jorge Luis Preciado Rodríguez, acudió a la sede del IEE a presentar un recurso. Antes de atender al candidato, Valladares argumentó que ya no eran “horas de oficina” y ordenó a un agente de la Policía Estatal sacar del lugar a los trabajadores de los medios de comunicación que habían acudido a dar cobertura al evento. En un informe ofrecido el 1 de abril de 2015 ante la CDHEC, la titular del IEE adujo que prohibió el acceso de los periodistas a la oficina de oficialía de partes para garantizar el orden y la seguridad del recinto. No obstante, según el organismo humanitario eso “de ninguna manera puede considerarse como una justa exigencia en aras de preservar el bien común o de cumplir con los propios parámetros del artículo 6º de la Constitución, ya que no es proporcional al interés que la justifica, interfiriendo en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, específicamente en el acceso y obtención de información de interés público”. En su recomendación, la CDHEC añadió: “La información que los periodistas pretendían obtener constituiría un elemento esencial para la formación de una opinión crítica en los ciudadanos, quedando evidenciado que ninguno de los periodistas allí presentes estuvieran alterando el orden u obstruyendo las funciones de alguno de los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Colima”. Además, razonó la Comisión de Derechos Humanos, “es claro que tal restricción (de acceso a los periodistas) tampoco cumplía con un objetivo válido, pues no buscaba evitar ataques a la moral, a la vida privada o los derechos de tercero, o que con ello se provocara algún delito o perturbara el orden público”. Bajo ese tenor, sostuvo el ombudsman, “atendiendo al principio pro persona el cual busca la protección más amplia, no puede establecerse en perjuicio de los periodistas el Acuerdo del Consejo General por medio del cual el Instituto Electoral del Estado determina los horarios de labores de las oficinas del Consejo General y de los Consejos municipales, o el argumento de preservar la seguridad del inmueble, pues las mismas no establecen razones de necesidad y menos proporcionalidad en relación al derecho humano que se vulnera, como lo es la libertad de expresión”. En esta tesitura la CDHEC estimó que la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, vulneró en perjuicio de los periodistas el derecho humano a la libertad de expresión, al impedir que éstos pudieran buscar y recibir información de interés social fundamental en beneficio de la vida democrática del Estado de Colima. Con ello se vulneró lo previsto por los artículos 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como los principios 1 y 2 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión. De acuerdo con la recomendación 02/2016 de la CDHEC, fechada este 23 de mayo, ocho periodistas sufrieron el agravio: Arnoldo Delgadillo Grajeda (Afmedios), Juan Carlos Flores Carrillo (La Jornada), Janetthe Andrade García (Diario de Colima), Óscar Cervantes Figueroa (Colimanoticias), Anilú Salazar Mejía (El Noticiero), Belisario Romero Sánchez (El Observador), Marco Antonio Sánchez Córdova (Meganoticias) y Héctor Villa Ventura (Meganoticias), este último designado representante legal de los quejosos. Además de ofrecer la disculpa pública, la recomendación plantea que “se dicten las medidas administrativas correspondientes a efecto de que las y los servidores públicos que laboran en el Instituto Electoral del Estado de Colima sean capacitados respecto de la manera de conducir sus actuaciones, para que se garantice el derecho de las y los periodistas y/o comunicadores de llevar a cabo sus actividades con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. El presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, instruyó al Consejo General del IEE a informar en un plazo de 15 días hábiles si acepta la recomendación y a remitir a esa comisión, dentro de los 30 días hábiles siguientes, las constancias y pruebas con las que se acredite el cumplimiento de la recomendación. Antes de esta recomendación, la CDHEC ya había emitido en 2012 dos recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión, por agresiones sufridas por los reporteros Marcos Elizarrarás Mendoza y Sergio Uribe Alvarado, pero ambas fueron rechazadas por las autoridades responsables: Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública.