CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades de Morelos para garantizar que la exhumación de cuerpos hallados en el panteón de Tetelcingo, municipio de Cuautla, “se realice conforme a los más altos estándares en materia forense”. A través de un comunicado, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., la Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., y el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., exigieron “acciones enérgicas para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos” en un país donde más de 27 mil personas se encuentran desaparecidas. Entre esas acciones destaca la aplicación de medidas inmediatas para garantizar el establecimiento de protocolos de actuación para la identificación de restos de personas localizados en fosas comunes. Las organizaciones subrayaron que ante los hechos ocurridos en Tetelcingo, Morelos, donde al parecer autoridades habrían colocado el cuerpo de un joven en una fosa común donde, según registros oficiales, yacían 116 cuerpos, los familiares de personas reportadas como desaparecidas en el Estado y organizaciones y/o instituciones acompañantes “temen que esta situación se repita y las autoridades no adopten las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones que se realicen protejan adecuadamente todas las pruebas forenses y periciales”. En ese contexto, hicieron “un enérgico llamado” a las autoridades estatales para garantizar que la exhumación de cuerpos hallados en Tetelcingo se realice conforme a los más altos estándares en materia forense. “Es urgente que las autoridades adopten las medidas necesarias para que durante este proceso no se revictimice a las y los familiares de personas desaparecidas en el estado, quienes tienen derecho a estar permanentemente informados sobre el plan de exhumación, las técnicas empleadas y los expertos forenses que hayan previsto las autoridades estatales”. Añadieron: “Es crucial que todas las acciones emprendidas por las autoridades garanticen la seguridad de las y los familiares de personas desaparecidas, así como de las organizaciones y/o instituciones acompañantes, particularmente que se adopten medidas para evitar que sean objeto de alguna forma de hostigamiento, intimidación o criminalización por parte de funcionarios estatales”. Asimismo, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se utilicen el derecho penal y otras medidas administrativas para inhibir la defensa de los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas contra activistas y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por último, exigieron que el estado de Morelos informe sobre los procesos de investigación que se llevan a cabo por cada uno de los restos de personas hallados en las fosas, particularmente aquellos respecto de los cuales se presuma que hubo alguna inhumación irregular, y se investigue también la actuación de funcionarios sospechosos de dichas irregularidades.