GUADALAJARA, Jal. (apro).- El ejido El Zapote ganó la batalla legal contra la SCT al obtener sentencia favorable para que se le indemnice por las tierras expropiadas hace más de 40 años para la construcción del Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”. Nicolás Vega Pedroza, presidente del comisariado ejidal, informó que la resolución judicial implica la indemnización “a valor comercial” de una superficie de 307 hectáreas que no les han sido pagadas desde la expropiación y posterior operación de la terminal aérea. Estimó que el monto a cubrir rebasa los 7 mil millones de pesos, “si tomamos en cuenta que el precio del metro de terreno anda sobre los 2 mil 400 pesos en la zona”. No obstante, señaló que los ejidatarios tienen disposición de dialogar y alcanzar acuerdos. El ejido se inconformó por el procedimiento presidencial de expropiación y la emisión de los decretos del 19 de septiembre de 1975 y de noviembre de ese año. Tras décadas de lucha, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo resolvió el recurso de revisión 298/2915 (derivado del amparo 1788/2009), concediendo al ejido la protección de la justicia federal. En el resolutivo se ordena notificar al presidente de la República, al titular de la SCT y al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En marzo pasado los ejidatarios tomaron las instalaciones del estacionamiento del aeropuerto por 16 días, en plantón permanente, para presionar a fin de que se les pague y la sociedad se entere del problema. Incluso, antes del periodo de vacaciones de Pascua esperaban la publicación de la sentencia. Además, el bloqueo del estacionamiento provocó pérdidas diarias de entre 400 y 500 mil pesos, según denunció el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), concesionario de la terminal. Sin embargo, los ejidatarios retiraron sus carpas tras suscribir un acuerdo con la SCT y la Secretaría General de Gobierno del estado. El convenio firmado establece que siete días después de resuelto el amparo se reunirán para establecer mesas de trabajo y definir el cumplimiento. Vega Pedroza reprochó que “los patrones” arremetan en su contra, al armarle un expediente penal ante la PGR por la toma del estacionamiento: “Simplemente violan la ley como si nada, se pasan por alto la suspensión, y ven por sus intereses sin pagarnos lo que nos corresponde”, acusó en alusión a las autoridades y su concesionario.