CAMPECHE, Camp. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche (CDHEC) emitió una nueva recomendación a la Fiscalía por la liberación de un maestro acusado de abusar sexualmente de una de sus alumnas en el municipio de Calakmul. En su indagatoria, la CDHEC acreditó que en este caso la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) incurrió en una violación a los derechos humanos de la menor, por ejercicio indebido de la función pública, violación a los derechos del niño y dilación en la procuración de justicia. El presunto abuso contra la niña, entonces de 12 años, supuestamente perpetrado por el maestro de cuarto grado grupo A de la escuela primaria Emiliano Zapata, fue denunciado ante la PGJ a finales de 2013 por la madre de la víctima. Ante la dilación en las pesquisas y las omisiones en que incurrió la Policía Ministerial Investigadora, el 14 de noviembre de 2014 la CDHEC abrió el legajo de gestión número 2204/OG/459/2014 en contra de la PGJ y el agente del Ministerio Público (MP) Orlando Prieto Balán, encargado de la averiguación previa 207/Xpujil/2013. Al mes siguiente el organismo dispuso la radicación del expediente de queja 2151/Q-301/2014 –en agravio de madre e hija– en contra de la ahora Fiscalía General del estado (FGE), pues debido a la negligencia del agente del MP, el profesor acusado recibió auto de libertad del juez cuarto de lo penal por falta de méritos. Por lo mismo, el amparo promovido por las víctimas contra el auto de libertad del presunto responsable resultó improcedente en primera instancia. No obstante, en su indagatoria la CDHEC determinó que “madre e hija fueron objeto de violaciones a derechos humanos, consistentes en dilación en la procuración de justicia, ejercicio indebido de la función pública y violación a los derechos del niño”. Y responsabilizó de lo anterior a los abogados Sabas Salomón Poot Trejo, Andrés Roberto Castillo Contreras, Víctor Manuel Balán Madera y Gibrán Damián Bustamante, servidores públicos adscritos a la FGE. El organismo recomendó a la Vicefiscalía General de Derechos Humanos de la FGE que “en lo sucesivo”, cuando los agentes investigadores “y en especial” los antes mencionados incumplan “con la máxima diligencia” su encomienda, como ocurrió en este caso, “se les atribuya responsabilidad administrativa”. También instruyó “que de manera inmediata se integre y resuelva la averiguación previa AP- 207/XPUJ/2013, con la finalidad de no dejar ilusorios los derechos de las mujeres en su calidad de víctima, ya sea ejercitando acción penal o archivando la misma, debiendo acreditar como prueba el pliego de consignación o, en su caso, la notificación del archivo respectivo, tomando siempre en cuenta que se trata de un delito considerado grave y que afecta el normal desarrollo psicosexual, en este caso de una menor de edad”. De igual manera, la CDHEC pidió que se tomen las medidas necesarias para que en lo sucesivo los agentes investigadores agoten las diligencias correspondientes para la debida integración de las denuncias y/o querellas, “a fin de evitar que sus expedientes prescriban por inactividad en la investigación o se genere una doble victimización”.