COLIMA, Col. (apro).- Horas después de que el INAI exhibió al gobierno priista de Ignacio Peralta como uno de las ocho administraciones estatales que incumplieron con la homologación de su ley de transparencia, el Congreso local aprobó la nueva legislación en la materia. La tarde de este jueves, cuando el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) había anunciado posibles acciones legales contra los congresos que no habían atendido su responsabilidad constitucional, los legisladores colimenses dieron luz verde al dictamen, basado en iniciativas del gobernador y de los diputados panistas Luis Humberto Ladino Ochoa, Martha Leticia Sosa Govea y Nicolás Contreras Cortés. Hace exactamente un año, cuando entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se dispuso constitucionalmente el plazo de 12 meses para que las entidades federativas armonizaran su legislación, lo que según un comunicado del INAI sólo había sido cumplido por 24 estados. Antes de la votación de esta tarde, cinco diputados pasaron a la tribuna a razonar su voto a favor: los panistas Ladino, Sosa y Contreras; Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, y el priista Federico Rangel Lozano, quienes se congratularon de haber alcanzado acuerdos para sacar adelante esta ley que, según dijeron, abonará a la transparencia de los actos de gobierno. Luis Humberto Ladino, coordinador de la fracción panista, aprovechó para responder críticas realizadas previamente por el dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado, quien un día antes criticó al Poder Legislativo por no haber cumplido la homologación de la ley de transparencia, pues “desde hace meses han abandonado sus obligaciones y se han centrado en las diferencias de grupo o políticas”. Sin mencionar nombres, Ladino señaló que “algunos actores políticos, sin conocimiento, criticaron a este Congreso”, y enfatizó que el dictamen de la Ley de Transparencia es fruto del trabajo de varias semanas de los 25 diputados, pues “no es fácil” unir una iniciativa de ley del jefe del Ejecutivo y tres de los diputados del PAN para presentar una sola propuesta. Además de considerar los aspectos incluidos en la ley general de transparencia, la ley de la materia en Colima dispone que la designación de los tres comisionados del Instituto de Transparencia estatal deberá ser realizada antes del 30 de junio próximo, dado que el Infocol se encuentra acéfalo desde el pasado 4 de noviembre, debido a la renuncia paulatina de sus integrantes y a la omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo para proponer y aprobar en su oportunidad a los sustitutos. Por lo tanto, para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, por única vez el Congreso, a propuesta del gobernador, elegirá a los comisionados por periodos escalonados de dos, cuatro y seis años de duración en el puesto. Además, un mes antes de concluir cada uno de los comisionados sus respectivos periodos, el Congreso local deberá designar al comisionado que fungirá en el encargo, por un periodo de seis años, que invariablemente terminará el último día del mes de junio del año en que se cumpla dicho periodo. Otros puntos que se consideran en la nueva ley es la obligatoriedad de los ayuntamientos de hacer públicas las sesiones mediante medios electrónicos en vivo, la obligatoriedad de los servidores públicos de hacer pública su declaración patrimonial; que el Congreso cuente con una agenda legislativa y una gaceta parlamentaria, llevar un registro de las asistencias a las sesiones que se realizan en el pleno, así como de las comisiones, entre otras.