CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la presión de diversas organizaciones y familiares de las víctimas, el gobierno de Morelos aceptó que se exhumen los cadáveres que fueron sepultados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en dos fosas clandestinas de un panteón ilegal en Tetelcingo, municipio de Cuautla. El secretario de Gobierno de la entidad, Matías Quiroz, señaló que a los cuerpos que serán trasladados a otro sitio se les practicarán los exámenes de identificación genética. Además, dijo, se generará un proceso de dignificación de la sepultura encabezado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, según información de diario Reforma. Ayer, familiares de las víctimas y diferentes organizaciones exigieron al gobierno de Graco Ramírez abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo para identificar a los más de 100 cuerpos que fueron sepultados por la FGE en 2014. Emplazaron al gobierno estatal hasta el próximo miércoles 18, y en caso de no haber respuesta “nosotros iremos y abriremos las fosas con nuestras propias manos”, advirtieron. Tras una reunión con titulares de la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la PGR, las organizaciones aseguraron que aún queda un ápice de confianza para que se haga justicia a los cuerpos que están sepultados. Sin embargo, representantes de la Red Eslabones, Red Enlaces y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad señalaron que no tienen confianza en las autoridades de Morelos, ya que ellos serían juez y parte. Asimismo, indicaron que pese a que la CNDH tiene conocimiento del caso desde noviembre del año pasado y que familiares de víctimas de desaparición han denunciado su intervención, hasta el momento ha dado vagas informaciones al respecto. De los cadáveres que la FGE inhumó de manera ilegal en dos fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla, se sabe de varios casos donde los cuerpos fueron plenamente identificados por familiares, pero las autoridades no se los entregaron bajo el pretexto de practicarles varias pruebas. Luego los cadáveres fueron enviados a la fosa común. El 9 de diciembre de 2014 la fiscalía realizó una diligencia en la que participaron algunas familias. Los peritos abrieron las fosas y desenterraron 150 cuerpos. Los cadáveres estaban colocados sobre tablas y embalados con plástico, y en el mejor de los casos tenían una botella de agua, vacía, con el número de su averiguación previa o carpeta de investigación escrito en cartón. El conocimiento de la fosas provocó una movilización nacional por parte de los colectivos de víctimas, quienes aseguran que tienen interés jurídico en el caso, “pues sabemos que el crimen organizado no respeta los límites políticos de las entidades”. En ese contexto, las diferentes organizaciones acudieron al Programa de Atención a Víctimas y a la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dado que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no les hicieron caso.