Policía de Coahuila irrumpe con violencia en finca del director del diario Vanguardia

viernes, 6 de mayo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La madrugada de este viernes, una treintena de elementos del grupo especial “Fuerza Coahuila” irrumpieron con lujo de violencia en la finca “El Cielo”, propiedad del director del diario local Vanguardia, Armando Castilla Galindo, con la misión de desalojar el inmueble, en cumplimiento de una orden judicial proveniente del Poder Judicial de la Ciudad de México por un supuesto adeudo. Según el diario, el operativo se realizó en la oscuridad y casi de manera clandestina. Incluso, destaca que los uniformados, que en todo el tiempo obedecieron órdenes de un civil ajeno a la corporación no identificado, utilizaron maquinaria pesada. Como si se tratara de un operativo dirigido contra una organización criminal, los policías rompieron candados, invadieron propiedad privada e instalaron un “perímetro de seguridad” de varios kilómetros alrededor de la finca para ejecutar un presunto desalojo ordenado judicialmente. Por si fuera poco, atravesaron un trascabo en el camino para impedir el paso. Sin apegarse a su eslogan “Seguridad y Justicia”, los uniformados provocaron también que un vehículo particular arrollara al director de “Vanguardia”, quien resultó lesionado. Los reporteros de esa casa editorial se salvaron de ser atropellados también. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobierno de Coahuila la implementación de medidas cautelares para evitar “que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia, así como de sus instalaciones y equipos”. Por la noche, la Secretaría de Gobierno estatal se desmarcó del operativo al decir que la actuación de la policía fue legal y a petición de jueces de Coahuila y la Ciudad de México por un juicio hipotecario generado en 2009. Vanguardia fija postura Luego de los hechos, el diario Vanguardia fijó su postura: “No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de “vigilancia” e intimidación que han sufrido miembros de nuestro personal y nuestro Director”, consignó el diario en la nota de la agresión. “La forma en la cual se realizó la presunta diligencia judicial y, sobre todo, la actuación de los elementos policiales al mando del Secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, nos deja claro que se trata de una acción concertada que busca fines más allá del presunto cumplimiento de la ley y la defensa del estado de derecho. “Camiones de mudanza salieron con las pertenencias del Director, hasta el momento se desconoce dónde están. “El exceso en el uso de la fuerza implica, para nosotros, un mensaje claro: los autores intelectuales del ataque tienen en la fuerza su único argumento para imponer su ideario y lograr con ello el cumplimiento de su agenda particular”. En nota por separado, “Vanguardia” recordó que tras la alerta lanzada el pasado 4 de mayo ante una serie de ataques, intimidación y acoso hacia sus periodistas, pocas voces dejaron de sumarse a esta denuncia pública. Agradecemos las múltiples muestras de solidaridad que hemos recibido de otros medios de comunicación, colegas, lectores y ciudadanos comprometidos”. “Al respecto, es importante puntualizar –enfatizó-- que, como ha ocurrido lamentablemente en el caso de otros medios del país, en VANGUARDIA hemos procurado actuar con responsabilidad frente a las diversas situaciones que los miembros de nuestro personal, y como empresa, hemos enfrentado desde que la delincuencia organizada le impuso al país una agenda marcada por la violencia y el desafío permanente a las instituciones públicas. No realizamos señalamientos con ánimos de estridencia, ni lanzamos voces de alerta de manera gratuita. Tenemos claro que la denuncia de ataques contra la libertad de expresión debe tener como propósito no solamente visibilizar un hecho concreto, sino contribuir a la defensa de una libertad fundamental en las sociedades democráticas. Prosiguió: “En este sentido, la decisión de alzar la voz en esta ocasión, más que una consecuencia, fue también una acción para sumarnos a la campaña emprendida en el País para pedir freno al acoso al periodismo en todas las latitudes. Informar no es un delito y, más aún: Nuestra vida es informar. “El último de los actos intimidatorios de una ola iniciada a finales de enero pasado, fue la persecución y acoso la noche del martes y madrugada el miércoles a una integrante de nuestro cuerpo de reporteros, justo el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Ante esto, pocas palabras se necesitan para dejar en claro la impunidad con la que, quienes han decidido vivir fuera de los límites legales, se mueven en nuestros tiempos. Por lo mismo, callar no era una opción, pues sería tanto como contribuir a la invisible mutilación que sufre el periodismo día a día. “Nuestra voz se suma así a la de muchos, es sólo una más tan importante como cada una de quienes firmemente seguimos construyendo para un mejor lugar. A final de cuentas, somos periodistas y nos afanamos cada día en ser buenas personas. Seguimos trabajando para que nuestra entidad sea un mejor lugar para vivir. Al final de cuentas somos periodistas que nos afanamos por hacer nuestro trabajo correctamente. Agradecemos infinitamente a todos aquellos que nos alientan a seguir siendo una pieza más en la lucha por la vida de un periodismo sin ataduras. CNDH solicita medidas cautelares La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una solicitud de medidas cautelares al secretario general de Gobierno de Coahuila Víctor Manuel Zamora Rodríguez para evitar “que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia, así como de sus instalaciones y equipos”. Con base en notas periodísticas, aseguró que el diario con sede en Saltillo, “ha sido objeto de actos de intimidación consistentes en ataques cibernéticos a sus equipos; además, su personal ha sufrido acciones de vigilancia y seguimiento a una de sus reporteras, incluso hasta su domicilio, así como amenazas y agresiones contra colaboradores de esa casa editorial en distintos momentos”. La CNDH recordó que en la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” --aprobada por el Consejo Consultivo del organismo el pasado 8 de febrero--, se establece la necesidad de que todas las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación sean investigadas y sancionadas, “pues la impunidad de estos crímenes fomenta su repetición y un contexto adverso a la libertad de expresión en nuestro país”. El organismo agregó que permanecerá atento a la evolución de los hechos relacionados con el diario Vanguardia y reiteró su respaldo a los periodistas “en su ejercicio profesional; su compromiso con garantizar el debido respeto a sus libertades de expresión y de prensa, así como con las mejores causas de la democracia en nuestro país”. Gobierno justifica desalojo Por la noche, la Secretaría de Gobierno de Coahuila se desmarcó de la actuación de la policía y justificó el desalojo al informar que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil César Alejandro Saucedo Flores giró oficio al encargado del Agrupamiento de la Policía de Proximidad Social de Fuerza Coahuila para auxiliar “con el uso de la fuerza pública” la realización de una diligencia dentro del exhorto 29/2016. La orden fue para desalojar un predio y entregarlo a las personas a las cuales hace referencia el exhorto, según explicó en un comunicado. La dependencia agregó que el exhorto fue girado por la Secretaria Conciliadora adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil en la Ciudad de México Rosalba Reyes Rodríguez, deducido del Juicio 1102/2009, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido en el año 2009 por Olga Leticia Muñoz Cena contra Gustavo Antonio Lara Ramos. Por esa razón, dijo, se presentaron los policías y quedaron a disposición de la autoridad judicial. El gobierno de Coahuila se deslindó al asegurar que los uniformados “acudieron en cumplimiento de la Ley y por instrucciones de la autoridad judicial limitándose a ofrecer seguridad en la diligencia”. Ésta, dijo, estuvo a cargo de Oscar David Benavides López, actuario del Juzgado local mencionado. En el comunicado, la administración destacó que en la nota difundida por el diario Vanguardia “no se menciona que el señor Armando Castilla Galindo tuvo comunicación telefónica con el secretario de Gobierno, profesor Víctor Zamora Rodríguez, para solicitarle se suspendiera la diligencia”. Detalló que en esa llamada Castilla Galindo “no manifestó en ningún momento haber sido agredido, así como tampoco alguna otra persona cercana a él”. Incluso, la autoridad agregó que “después de cruzar varias llamadas telefónicas, se le explicó al señor Armando Castilla lo que arriba se describe: que se actuó en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial”. El gobierno destacó que “en ninguna de las constancias remitidas obra el nombre del señor Armando Castilla como propietario del predio en litigio”. Tras este deslinde, la Secretaría de Gobierno rechazó “todas las conclusiones que aparecen en el editorial que contiene la nota en referencia. Como se señaló, la actuación de la policía estatal fue a petición de la autoridad judicial de Coahuila y el Distrito Federal”. Y dijo que su titular Víctor Zamora solicitó dar vista del hecho a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Además, dijo, instruyó a la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia realizar la investigación correspondiente y “en caso de que haya ocurrido una irregularidad, sea castigada aún y cuando no se aprecie que exista alguna violación legal”.

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