CIUDAD DE MÉXICO apro).- Luego de la revelación que hizo Mexicanos contra la Corrupción sobre las irregularidades en la compra-venta de terrenos para la instalación de una planta de manufactura de la automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato, la armadora se deslindó de haber participado en ese proceso. “Toyota no ha participado en momento alguno en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, aseguró en un comunicado. De acuerdo con la filial de la armadora japonesa, el ofrecimiento del gobierno guanajuatense de entregarle un predio es considerado como parte de los incentivos que se brindan en todo el mundo para la instalación de plantas automotrices. “Se estableció la entrega de un predio de aproximadamente 600 hectáreas para la construcción de la planta, además del desarrollo de infraestructura que beneficiará también a la comunidad y a la región”, destacó. El gobierno de Guanajuato, agregó, ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios. Y reiteró su compromiso con la comunidad de Guanajuato, en especial con la población de Apaseo el Grande, para que todas las operaciones del proyecto se apeguen a los principios de legalidad, ética y transparencia que rigen las operaciones de la empresa en todo el mundo. En abril de 2015 Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares para la construcción de una planta de manufactura en Guanajuato, como parte de su estrategia de largo plazo para la construcción de una planta para la región de Norteamérica. Según se dio a conocer, dicha planta generará 2 mil empleos directos, además de que atraerá a numerosos proveedores a la zona. Ayer, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que dos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados al poderoso grupo empresarial de Monterrey Garza Ponce, sacaron ventaja de la compra-venta de los terrenos para la instalación de la automotriz japonesa, al crear una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares. Estos revendieron al gobierno del estado, que pagó por lo menos 290 millones de pesos más por la intermediación, en una operación que, según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez, es legal y no presenta irregularidades. El pasado 26 de abril, Apro publicó que ejidatarios de Caleras de Ameche denunciaron presiones de funcionarios del gobierno del estado e irregularidades en los procesos de compraventa. “No estamos en contra del desarrollo del estado y del municipio, pero sí queremos igualdad y congruencia en su decir y su actuar. Tal vez sus funcionarios les están ocultando la verdad”, señalaron integrantes del Comisariado ejidal. El periódico Correo publicó la víspera que de 31 terrenos, los intermediarios le vendieron al menos 17 al gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, específicamente del encargado de este proceso, el subsecretario de Atracción de inversiones Franco Herrera. Originalmente los predios fueron comprados por los intermediarios hasta en cuatro pesos el metro cuadrado, y luego los revendieron al estado en 161 pesos. Las siglas de la empresa corresponden a José Antonio Ortega Serrano y a Santiago Germán Bordes, ambos exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el gobierno del panista Felipe Calderón. La empresa fue constituida en junio del 2014 en Monterrey. Menos de un mes después ya estaba comprando predios. En dicha empresa, Germán Bordes figura como consejero y apoderado legal, y José Antonio Ortega es socio. Bordes simuló ser ejidatario y se integró al comisariado de Caleras de Ameche –localidad ubicada en la zona donde se comprometió la instalación de Toyota– en Apaseo el Grande, y compró 12 hectáreas, que luego revendió a su propia empresa, JAOS & SGB, para que ésta la vendiera a su vez al gobierno del estado, que pagó a un valor mucho más alto con dinero del erario.