SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El expresidente municipal y el exsíndico de Santo Domingo, Flavio Reynaldo Tenorio Quintero y Guadalupe Orozco Beltrán, respectivamente, se unieron a la denuncia penal por la falsificación de firmas en el acta de Cabildo en la que supuestamente habrían aprobado el cambio de uso de suelo para la operación del confinamiento de desechos industriales Palula, del empresario minero José Cerrillo Chowell. Acompañados por asesores de El Colegio de San Luis y del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, ambos exfuncionarios acudieron este lunes a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) junto con los cuatro exregidores que anteriormente denunciaron la falsificación de sus firmas. En la Mesa de Asuntos Relevantes de la dependencia quedó ratificada la demanda penal bajo el número 6/2016, informó el abogado Ricardo Sánchez García, del centro Samuel Ruiz. De las seis firmas que aparecen en el documento (la del alcalde, el síndico y los cuatro regidores), ninguno ha reconocido haberla estampado en el acta, y aseguran que tampoco se celebró la sesión donde se habría elaborado el acta correspondiente. El exalcalde aclaró que en los últimos días de su gestión la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) presentó la solicitud para el cambio de uso de suelo para el confinamiento en el rancho Palula del municipio de Santo Domingo, pero ya no se le dio trámite. Destacó que al concluir su administración viajó a Estados Unidos, y hasta hace poco se enteró por familiares que lo habían involucrado en la supuesta aprobación del uso de suelo para el tiradero tóxico. “Me avisaron que andaban mostrando papeles que dizque yo firmé. La gente me reprocha y por eso estamos aquí, porque (supuestamente) yo firmé. Yo rechazo totalmente el tiradero, mis hermanos son vecinos puerta con puerta con el rancho de él (José Cerrillo)”, señaló vía telefónica Tenorio Quintero. A su vez, el síndico Guadalupe Orozco Beltrán dijo que ignoraba quién pudo haber incurrido en la supuesta usurpación de funciones, dado que con el acta falsa se gestionó el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la instalación del tiradero industrial. “No tenemos idea de quién haya sido, lo cierto es que no coincide con los rasgos de mi firma. Yo cada firma oficial la cancelaba con el sello de la sindicatura, invariablemente, pero en este caso no está. Ni estaba enterado de que se hubiera presentado una solicitud de la empresa, jamás hubiera firmado, ni entonces ni ahora, porque nos va a afectar a todos”, añadió. Ambos exfuncionarios dijeron que esperaban que la PGJE realmente investigue y finque responsabilidades. “Que se llegue al fondo para que la gente de la región esté tranquila”, señaló Orozco.