GUANAJUATO, Gto., (apro).- En la recta final del proceso de adquisición de las más de 600 hectáreas comprometidas por el gobierno de Miguel Márquez para la instalación del clúster automotriz que encabezará la empresa Toyota, la administración estatal ofreció a ejidatarios que se han resistido a vender sus tierras “un extra” si sus predios tienen un pozo o alguna construcción. Sin embargo, les puso condiciones: que no hablen sobre la inmobiliaria JAOS & SGB, empresa que obtuvo ganancias millonarias del estado con la especulación de esta zona. Testimonios de ejidatarios de Caleras de Ameche, así como certificados del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, de los cuales Apro tiene copias, revelan que aunque el gobernador Márquez sostiene que el precio ofrecido y pagado por las tierras es de 148 pesos el metro cuadrado en todos los casos, no es cierto, ya que en el caso de adquisiciones hechas a JAOS & SGB, el gobierno pagó un promedio de 357 pesos por la misma extensión. Las disparidades saltan a la luz ante documentos como la Escritura Pública número 19,512 del 12 de noviembre del 2014 firmada ante el notario número 33 de Apaseo el Grande, Gustavo Ochoa Rodríguez, en la que quedó asentada la compraventa de 7.14 hectáreas entre Mauro Rodríguez y JAOS & SGB, por un pago de cinco millones 200 mil pesos. Posteriormente, por ese predio el gobierno del estado le pagó a JAOS 11 millones 893 mil pesos, según la expropiación registrada el 3 de febrero del 2016 ante el Registro Público de la Propiedad. Mauro Rodríguez vendió a JAOS otro predio de 2.33 hectáreas por el que recibió también cinco millones 200 mil pesos. A su vez, la inmobiliaria lo revendió al gobierno del estado… en los mismos 11 millones 893 mil pesos. En comparación, el gobierno del estado pagó exactamente 11 millones 893 mil pesos a JAOS & SGB por un predio de sólo 1.44 hectáreas, una extensión casi cinco veces menor, así como por otro de 0.43 hectáreas. La empresa compró cada uno de los dos predios en un millón 200 mil pesos a Víctor Trejo Hernández, según quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad en la Escritura Pública número 19,458 del 20 de octubre del 2014. El documento fue avalado por el mismo notario Gustavo Ochoa, en la cual quedó asentado que el exfuncionario de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón y socio de JAOS, Santiago Germán Borde, figuró como representante en calidad de apoderado legal. Sólo por estas cuatro transacciones, entre el precio al que compró y el que le pagó el gobierno de Guanajuato, la inmobiliaria ganó 30 millones 862 mil 200 pesos. Ofrecen 300 mil pesos por ejidatario Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del Comisariado ejidal de Caleras de Ameche, dijo en entrevista que los exfuncionarios de la Procuraduría Agraria Santiago Germán Borde y José Antonio Ortega Serrano le ofrecieron hasta 300 mil pesos por cada ejidatario al que convenciera de que les vendiera sus tierras. “Yo creo que esos son empresarios que se dedican al 100% a saber dónde se van a realizar, me imagino, qué industrias, ¿verdad?... y me imagino que han de estar de acuerdo con los gobiernos, del municipio o de los gobiernos donde corresponda, porque son muy inteligentes… ellos conocen de todo eso”, dijo el tesorero, uno de los firmantes del desplegado que denunció la presión ejercida, incluso por funcionarios del gobierno estatal, para obligarlos a vender, como publicó Apro el pasado 26 de abril. Junto con otros 19 propietarios, Francisco Rodríguez entró en negociaciones directas con el gobierno estatal, después de que se resistió a vender a los representantes de JAOS & SGB. El ejidatario afirmó que el gobernador Miguel Márquez se reunió con ellos y, tras ofrecer el pago de 148 pesos por metro cuadrado, les insistió en la importancia de contar con las hectáreas para la instalación de Toyota. Finalmente, se habría llegado a un acuerdo de compra-venta, e incluso el gobierno del estado les ofreció “un extra” si sus predios cuentan con pozo o alguna construcción, pero además se les pidió “no hablar de JAOS”. El pasado viernes, el portal de internet Zonafranca.mx publicó que otra de las empresas fundadas por José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, denominada LASC --misma que, según Mexicanos contra la Corrupción, crearon con el exfuncionario de la presidencia calderonista Abraham Cherem-- comparte domicilio fiscal con Losrram. Se trata de otra desarrolladora inmobiliaria encabezada por Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi Beraha, identificados como parte del círculo empresarial que respaldó la campaña del actual gobernador Miguel Márquez Márquez. Losrram actualmente maneja otro desarrollo turístico inmobiliario en Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, donde ejidatarios también denunciaron presiones e irregularidades en la adquisición de los predios.