GUANAJUATO, Gto., (apro).- Después de aprobar en sesión del pleno la realización de una auditoría al proceso de adquisición de la reserva territorial para la armadora Toyota en Apaseo el Grande, el Congreso local publicó un informe que le fue entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo que enlista un total de 26 predios que el estado compró a la inmobiliaria regiomontana JAOS & SGB, los que amparan unas 270 hectáreas de las 600 para la instalación de la empresa automotriz. Hasta ahí. No se especifican los montos pagados por el estado. En la sesión en la que se aprobó la auditoría (solicitada por el gobernador) el diputado del PRD Gerardo Silva Campos pidió que la Procuraduría local inicie una investigación ante la presunción de que funcionarios estatales brindaron información privilegiada a la empresa JAOS & SGB, misma que “fue aprovechada para obtener una ganancia lucrando con la necesidad de los ejidatarios y habitantes de la zona”. “Ahora que se conoce el dolo, se requiere que los vendedores originales ratifiquen esos contratos, o demandar la nulidad de esas compraventas”, planteó el diputado, al demandar la intervención de la Secretaría de Gobierno para atender y orientar a los propietarios que vendieron a JAOS a precios mucho menores que los que éste obtuvo del gobierno. “No podemos permitir que gente que tenía información privilegiada por parte del gobierno se enriquezca ilícitamente y a costa del erario y de los dueños originales que por necesidad vendieron sus hectáreas a esta empresa”, insistió el perredista. En tanto, un informe fue entregado por órdenes del gobernador Miguel Márquez al Congreso, casi siete meses después de que se publicó el decreto gubernativo número 9, que en su artículo cuarto establece la obligación del Ejecutivo de informar puntalmente a la Cámara de Diputados sobre el proceso de adquisición de la superficie destinada a Toyota. La entrega del sucinto informe ocurre tras la denuncia pública hecha por ejidatarios sobre irregularidades en la adquisición y presiones de funcionarios estatales para que vendan, así como investigaciones periodísticas que revelaron la operación desplegada por los socios de la inmobiliaria JAOS & SGB, los exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, José Antonio Serrano y Santiago Germán Bordes, para hacerse de extensiones de tierra y posteriormente venderla al gobierno estatal con una ganancia multimillonaria. Sin embargo, en el documento que se dio a conocer esta tarde por el Congreso no figura el precio que el gobierno del estado pagó por la compra de los predios. Únicamente se enlistan los folios del Registro Público de la Propiedad, donde se asienta el nombre de los dueños a quienes el gobierno estatal ha comprado y la superficie de aquellos predios que ya fueron entregados a Toyota Motors Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V. El gobierno del estado adquirió directamente a JAOS & SGB 26 terrenos con una superficie de 259.9 hectáreas. De éstas, poco más de 231 han sido ya entregadas a Toyota, y el resto se encuentra en trámite de entrega. Pero además, el estado adquirió de JAOS otras 10 hectáreas mediante expropiación. Se incluyen otros 25 predios expropiados por el gobierno, que miden en total 210.8 hectáreas, aunque se han entregado a Toyota 155 hectáreas. El secretario de Desarrollo Económico (dependencia encargada del proceso de adquisición), Guillermo Romero Pacheco, informó al Congreso que desde noviembre del año pasado se solicitó al gobierno federal la expropiación de otras dos superficies: una de 4.5 hectáreas en el ejido La Norita, y el otro de 128 hectáreas en el ejido Caleras de Ameche, y se está en espera de la publicación de los decretos respectivos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu). “Ya se cuenta con el refrendo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, suscrito por la titular, maestra Rosario Robles Berlanga”, concluye el reporte.