MONTERREY, NL (apro).- La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juez de control que sean embargadas las propiedades que donó el anterior mandatario Rodrigo Medina de la Cruz antes de que la justicia de la entidad se las asegurara, con el fin de resarcir el presunto robo millonario detectado a las arcas estatales por el que se acusa al exgobernador priista. En entrevista, el fiscal Ernesto Canales Santos dijo que ya han sido detectados más bienes inmuebles de Medina de la Cruz y el Ministerio Público los peleará jurídicamente para que puedan ser confiscados, si es que se comprueba que el acusado los cedió para escamotearlos de la acción de la justicia. “Sí hemos detectado otras propiedades, pero estamos investigando. Inclusive, aquellas que han salido de su patrimonio, vamos a analizar la forma en que salieron y si fue con motivo de eludir una responsabilidad, vamos a pedir la rescisión y, en su caso, la donación o que por el momento estén detenidas. Es parte del proceso, pero la Fiscalía no actuará sola, sino con el conocimiento del juez”, dijo el zar anticorrupción. El viernes 3, cuando dio a conocer la Operación Tornado, en la que se detectó un desvío de unos 3 mil 600 millones de pesos de las arcas estatales, Aldo Fasci, asesor del gobierno estatal en materia anticorrupción, dijo que la Fiscalía había detectado una sola propiedad a nombre de Medina, a quien se acusa de ser el principal organizador del entramado para desfalcar a la entidad. Se trata de un rancho de 33 hectáreas en el municipio de Terán, aunque se sabe que antes de que concluyera el sexenio Medina compró una casa en el municipio de Santiago, que fue puesta a nombre de su esposa Gretta Salinas, a quien se la dio “como regalo”, según alegó. Esta compra fue severamente cuestionada debido a que estaba valuada en 20 millones de pesos, una cantidad que Medina no pudo haber acumulado a lo largo de su trayectoria como servidor público, según lo acusaron públicamente sus detractores. Fasci Zuazua explicó que, dentro de la Operación Tornado, la Procuraduría estatal actuó con celeridad, al detectar que el anterior gobernador priista había cedido bienes a personas allegadas a él, con el fin de prevenir los embargos anunciados sobre sus propiedades. Una fuente cercana a la investigación dijo que al priista le han detectado por lo menos cuatro propiedades, aunque se espera que le sean halladas más. En la misma entrevista, Canales informó que el acusado será llamado a comparecer ante la justicia dentro de la audiencia inicial, en una fecha que fijará el juez la próxima semana, con el fin de que responda por los presuntos desvíos por los que se le busca encarcelar. El funcionario señaló que, a más tardar el sábado 18, solicitará la comparecencia del anterior mandatario, quien deberá presentarse en el plazo que fije la autoridad. “Eso depende del juez de control. Vamos a solicitar las fechas mañana o pasado, y el juez de control tomará de entre 2 o 3 a 7 u 8. En ese lapso estamos estimándolo. Ya entramos al proceso judicial, donde el juez lleva la voz cantante”, explicó. El funcionario también dijo que será el juzgador quien determine la fecha en la que deberá acudir a la entidad Medina de la Cruz para que aporte su versión de los hechos y donde conocerá a detalle la acusación en su contra. De igual manera, dio a conocer que la exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, y nueve de sus colaboradores en el ayuntamiento deberán acudir ante el juez el jueves 30, con el objetivo de que respondan a la acusación de desvío de recursos por 7.5 millones de pesos, en el que habrían incurrido tras contratar al despacho de abogados de Roberto Martínez, para que jurídicamente los protegiera al dejar el puesto, el año pasado.