COLIMA, Col., (apro).- El Congreso local acordó presentar una denuncia penal contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno y cinco de sus excolaboradores, acusados de presuntos malos manejos de un crédito por 638 millones de pesos solicitado durante el último año de la administración anterior. La Legislatura local también instruyó a la Comisión de Responsabilidades a instaurar un juicio administrativo en contra de los exservidores públicos, con propuestas de inhabilitación por periodos que van de 6 a 14 años, así como la imposición de una sanción económica directa y en partes iguales y subsidiaria para cada uno de ellos hasta por la cantidad de 638 millones de pesos, equivalentes a los daños ocasionados. El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se basó en el informe de la auditoría excepcional practicada por el Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), dado a conocer el pasado 6 de junio, en el que además de Anguiano Moreno se plantea sancionar al exsecretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos; la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández; la exdirectora general de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle; Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto, y Ricardo Miguel Arteaga González, excoordinador general de la Dirección General de Egresos y posteriormente director de Presupuesto. Votaron a favor del dictamen 13 de los 25 diputados; 12 del PAN y una de Movimiento Ciudadano (MC), mientras que se opusieron los ocho priistas, así como los diputados únicos del PT, Panal y PVEM. Según el documento aprobado, el exgobernador “violentó el marco constitucional federal y estatal y las leyes que de ellas emanan, las cuales protestó cumplir y hacer cumplir, y dado que las acciones se desarrollaron en su carácter de gobernador del estado, cargo por el cual percibió ingresos suficientes y decorosos, y tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad de las conductas realizadas, (se propone) la inhabilitación de hasta 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal”. Para la exsecretaria de Finanzas y Administración, la exdirectora general de Egresos y el exdirector de Presupuesto se propusieron 10 años de inhabilitación, mientras que para el exsecretario general de Gobierno y el excoordinador general de la Dirección General de Egresos la propuesta fue inhabilitarlos por seis años. El asunto generó una acalorada discusión entre los diputados, que se prolongó por varias horas. Hasta el último momento, los legisladores de PRI y sus aliados se opusieron al dictamen con el argumento de que tenía inconsistencias y errores que podrían hacer fracasar el proceso, por lo que plantearon que se regresara a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Osafig para que se fortaleciera. Entre los principales opositores estuvieron el coordinador de la fracción del PRI, Federico Rangel Lozano, y sus compañeros Héctor Magaña Lara, Santiago Chávez Chávez, Juana Andrés Rivera, así como el diputado petista Joel Padilla Peña. “En el PRI estamos de acuerdo con el debido proceso; estamos a favor de la legalidad y no debemos dejar resquicios que vayan en contra de ella”, dijo Rangel Lozano. En general, quienes no aceptaron el dictamen aseguraron que están a favor de que se haga justicia y no exista impunidad, pero esgrimieron razones en el sentido de que ni el Osafig ni la Comisión de Hacienda dieron a los acusados la posibilidad de defenderse, y que ello podría ser motivo suficiente para echar abajo el proceso mediante un juicio de amparo. En respuesta, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Miguel Alejandro García Rivera, aclaró que conforme a lo establecido en la ley la aprobación de ese dictamen, sólo daba por concluido el proceso de auditoría, pero todavía no se sancionaba a los inculpados, quienes tendrán su derecho de audiencia ante la Comisión de Responsabilidades, que será la encargada de desarrollar el proceso, elaborar la resolución final y presentarla ante el pleno. La diputada panista Martha Sosa Govea cuestionó que si bien los priistas decían que quieren justicia, “parece que usan tácticas dilatorias” con su propuesta de regresar el dictamen. También dijo que se trata de una situación inédita, pues no existe en el Congreso un precedente de que se haya sometido a juicio a un exgobernador, pero confió en que el procedimiento podrá ser perfeccionado en la Comisión de Responsabilidades. La diputada de MC Leticia Mesina Zepeda coincidió en que se trata de una “auditoría histórica”, pues “nunca antes se había tocado con el pétalo de una rosa” a un exmandatario, por lo que “no quiero pensar que quienes se oponen sólo quieren retrasar estos trabajos con triquiñuelas para tratar de detener el proceso”. Inicialmente, el dictamen también proponía solicitar el embargo de los bienes del exgobernador y sus coacusados, pero después de un receso en el que los legisladores de todos los partidos dialogaron con sus asesores jurídicos, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Luis Humberto Ladino Ochoa, propuso retirar ese punto, con la aprobación por mayoría. Al final, Ladino explicó que los abogados les sugirieron omitir esa propuesta porque “podría entorpecer el proceso”.